La Moncloa aprobará la regularización de 25.000 migrantes afectados por la DANA que afectó al País Valencià hace tres meses y medio y que causó más de 200 muertos. El Consejo de Ministros de este martes le dará luz verde como parte de un paquete de medidas para hacer frente a las consecuencias del temporal. Concretamente, se facilitarán las prórrogas y la concesión de permisos de los inmigrantes que vivían o trabajaban en las zonas afectadas y se concederán autorizaciones de residencia y trabajo de un año a los afectados y a sus familiares más directos. Todo beneficiará al menos a 25.000 personas, según adelanta El País. La vía a través de la que se regularizará a los inmigrantes sin papeles será una autorización de residencia por “circunstancias excepcionales sobrevenidas” que podrán solicitar los extranjeros empadronados (o que tuvieran cita para hacerlo) en alguno de los municipios afectados. También tendrán acceso los cónyuges, los hijos menores de edad de los solicitantes o de su pareja o los hijos adultos con alguna discapacidad que limite la autonomía. Con respecto a los familiares extranjeros de víctimas mortales de la DANA, la autorización tendrá una vigencia de cinco años.
¿Cómo se beneficiarán? Con una nómina, por ejemplo, los inmigrantes podrán acceder todas las ayudas ofrecidas por los ayuntamientos. Además, la concesión automática de prórrogas y renovaciones beneficiará a estudiantes, voluntario y los titulares de autorizaciones de larga duración que expiraran entre el 30 de julio de 2024 y el 1 de abril de 2025. La voluntad de la Moncloa es evitar que los inmigrantes acaben en la irregularidad porque no pueden renovar sus permisos o porque ya no cumplen los requisitos para obtenerlos. ¿Qué consecuencias particulares han sufrido los extranjeros afectados por la DANA? Algunos casos. Los que perdieron el trabajo porque su empresa se vio gravemente afectada por el temporal y están pendientes de renovar sus autorizaciones de residencia han dejado de cumplir los requisitos. O los que consiguieron la autorización gracias al alta en la Seguridad Social de un empleo que nunca se llegó a concretar por culpa del temporal. A partir de aquí, todas las solicitudes tendrán tramitación preferente y solo se denegarán por razones de orden público, seguridad o salud pública.
Hace dos semanas, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ya avanzó las intenciones del ejecutivo: “Estamos estudiando desde el absoluto rigor jurídico con muchísima sensibilidad y pronto daremos a conocer las medidas que adoptaremos, pero siempre desde la seguridad jurídica”, aseguró el pasado 29 de enero después de participar en el pleno del Consejo Económico y Social.
El nuevo reglamento de extranjería y una Iniciativa Legislativa Popular tramitándose en el Congreso
En paralelo a esta decisión del Consejo de Ministros, hay dos iniciativas más con la voluntad de favorecer la regularización de migrantes. La primera es la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que se está tramitando en el Congreso de los Diputados para regularizar a más de 500.000 personas en situación irregular y que continúa atascada. Hace diez meses, superó el primer examen parlamentario con 310 votos a favor (de Junts, ERC, el PSOE, el PP, Sumar, Bildu, el PNV y Podemos) y 33 votos en contra (de Vox). El objetivo es que el Gobierno apruebe un real decreto con el procedimiento para regularizar la situación administrativa de los extranjeros que se encontraban en España antes del 1 de noviembre de 2021. El pasado septiembre, cinco meses después de la primera votación, el PSOE y Sumar alcanzaron un acuerdo para desbloquear la iniciativa y ampliar el alcance de la futura regularización hasta el 31 de diciembre de 2023. Sin embargo, su tramitación todavía no ha fructificado y la norma continúa aparcada.
Por otra parte, el nuevo reglamento de extranjería, aprobado el mes de noviembre pasado en el Consejo de Ministros, recoge mecanismos para conceder permisos por vías no habituales. Entrará en vigor el 20 de mayo e introduce tres principales novedades: reduce un año el tiempo exigido para solicitar la regularización de la situación administrativa por arraigo (el tiempo de permanencia en España para acceder a ella pasa de tres a dos años), flexibiliza los requisitos y desarrolla los visados como vía regular de entrada.