Se ha tenido que negociar hasta el último minuto. Incluso se ha visto entrar a Gabriel Rufián a las dependencias del Gobierno dentro del Congreso de los Diputados. Pero finalmente la ley estatal de vivienda ha superado el primer trámite en la cámara baja, el debate a la totalidad. Ha ido de trece votos, justos los de ERC, que había expresado en las últimas horas que estaban dispuestos a tumbarla porque veían una invasión competencial que no respetaba la ley de regulación de los alquileres aprobada por el Parlamento de Catalunya. Pero finalmente los republicanos han firmado un acuerdo para "garantizar el respeto escrupuloso en el marco competencial en materia de vivienda y la negociación de la ley con las fuerzas progresistas". El pacto, de momento, no se ha hecho público.
Las fuerzas independentistas y nacionalistas ven con recelo la invasión competencial. De hecho, tanto Junts y el PDeCAT como el PNV habían presentado enmienda a la totalidad y han votado por su devolución. Los republicanos sí que han facilitado la tramitación, pero también avisan "a día de hoy es una ley que no respeta la competencia en materia de vivienda" y que "la aprobación del trámite hoy no supone en ningún caso la validación de la ley", que "tendrá que abrir un intenso periodo de negociación y acuerdo en base a lo establecido como punto de partida".
Durante el debate este jueves en el Congreso de los Diputados, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha defendido que el texto respeta las competencias autonómicas. "La ley habilita a las comunidades autónomas para adoptar medidas más intensas en zonas residenciales con precios tensados", ha asegurado. De la misma manera, ha añadido, permite que los ayuntamientos "puedan establecer recargos sobre bienes inmuebles desocupados de manera permanente, siempre que no sean segundas residencias".
Pero el resto de fuerzas independentistas han mantenido sus recelos. Lo ha hecho el PDeCAT, que había registrado una enmienda a la totalidad. Su portavoz, Ferran Belb, ha argumentado justamente que "muchos artículos" vulneran competencias de las comunidades como en la vivienda protegida o en la determinación de las zonas tensadas. En la misma línea, la diputada de Junts, Mariona Illamola, ha denunciado que el texto actual "desmantela" las medidas que se han tomado desde la Generalitat. "No nos sirve el café para todos, porque cada territorio conoce sus necesidades y peculiaridades", ha sentenciado.
Lío en el CGPJ
Justamente la invasión competencial fue el principal argumento del Consejo General del Poder Judicial en su crítico informe contra el anteproyecto de ley. De hecho, el órgano de gobierno de los jueces tumbó un primer informe favorable a la norma y tuvo que redactar un segundo. El texto definitivo denunciaba en la norma "un claro dirigismo de la actuación de las instituciones autonómicas y locales, de encaje problemático en la orden constitucional de competencias". Así, si bien reconocía la capacidad del Estado para llevar a cabo políticas de vivienda para atender situaciones de necesidad social, también remarcaba que estas "actuaciones tienen que respetar las competencias autonómicas". El ejecutivo central puede aprobar normas "de intervención de carácter excepcional y coyuntural".