La polémica que rodea al presidente del Parlament baleara, Gabriel Le Senne (Vox), a raíz de que rompiera la fotografía de Aurora Picornell, una víctima del franquismo, ha provocado un terremoto político en las islas, y puede tener consecuencias legales. El Gobierno tiene intención de llevar el caso ante la Fiscalía e interponer una denuncia por un posible delito de odio. Así lo ha anunciado Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, antes de comparecer en la comisión constitucional del Senado. "Desde el Ministerio se trasladarán al Ministerio Fiscal los acontecimientos por si estos pudieran ser constitutivos de un delito penal de odio o de cualquier otra tipificación de la orden penal", ha declarado a los medios al llegar a la Comisión Constitucional del Senado, en la que estaba citado a comparecer para dar cuenta de la actuación de su ministerio en memoria democrática.
Se están estudiando posibles sanciones
El Gobierno ha tomado esta decisión, según ha explicado Torres, después de que los servicios jurídicos del ministerio analizaran la actuación de Le Senne en el pleno del Parlamento balear del martes pasado, en el que llamó al orden y expulsó a dos diputadas socialistas de la Mesa por exhibir fotos de republicanas asesinadas en la Guerra Civil y acabó rompiendo la imagen de la costurera sindicalista Aurora Picornell. De la misma manera, el ministro Torres ha señalado que también se están estudiando posibles sanciones dentro de la Ley de Memoria Democrática, al margen de que el Grupo Socialista en Baleares puede realizar también otro tipo de acciones contra esta actuación del presidente del Parlamento, como presentar una reprobación al presidente de ese Parlament o incluso solicitar a la Mesa una sanción.
Un rechazo unánime
Gabriel Le Senne, durante el debate de la propuesta de Vox de derogar la ley autonómica de memoria democrática celebrado el pasado martes, arrancó una fotografía de Aurora Picornell del ordenador de la vicepresidenta del parlamento, la socialista Mercedes Garrido, a la que expulsó de la sala ante su negativa a retirar las fotografías de algunas víctimas del franquismo, junto a su compañera Pilar Costa. La actuación violenta del presidente del Parlament Balear recibió un alud de críticas, no solo de la oposición y los ciudadanos de las Islas, sino que el rechazo se extendió a todo el Estado español. Al día siguiente, el gabinete de Presidencia del Parlament emitió un comunicado justificando la actuación del presidente, calificando de flagrante infracción la actuación de Garrido y Costa. Además, sostenía que "el presidente intentó retirar el cartel. En ningún caso fue su intención romperlo". El propio Le Senne afirmó que no tuvo intención de romper la imagen, pero justificó la expulsión de Garrido y de la también diputada socialista Pilar Costa por su "actitud provocadora".
Fuentes de la Moncloa han reconocido a El Nacional.cat que la función del presidente de un parlamento es la de ordenar los debates, y no generar más tensión con acciones violentas. De hecho, el propio ministro Torres ha reprochado a Le Senne que su papel no es el de "hacer intervenciones políticas partidarias", sino el de moderar y hacer que se alivie la tensión". Si bien Le Senne intentó justificar su comportamiento, su acción quedó registrada, como destaca el propio ministro Torres. "La actuación del pasado martes la ha visto todo el mundo, y la Fiscalía deberá dirimir si constituye algún tipo de delito".