El Gobierno espera la "calificación jurídica" del Tribunal Supremo sobre los datos que el Ministerio de Hacienda remitirá al magistrado Pablo Llarena para decidir si hubo presunto delito de malversación el 1-O. Fuentes del ejecutivo, si bien, insisten en privado en que "contablemente" no se habría registrado desviación, pese a que no descartan que la instrucción disponga de otros indicios que apuntalen el presunto delito. El giro dialectal, sin embargo, supone un cambio en la contundencia de Cristóbal Montoro, cuando sentenció que el referéndum no se pagó con dinero público.
"El Gobierno, la información que tiene es que no se dedicó ni un euro al referéndum ilegal", aseguraba el portavoz Íñigo Méndez de Vigo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este viernes. Ahora bien, "habrá que ver su verosimilitud", reconoció sobre dichos datos. Por ello, el ejecutivo se protege recordando que hizo todo lo que tenía al alcance para impedir la financiación el 1-O. "En los presupuestos de la Generalitat había una partida una partida de 5 millones que fue recorrida al Tribunal Constitucional, y que la anuló" además de la "intervención contable" de las cuentas del Govern, dos semanas antes.
Así pues, De Vigo no descarta ahora que el juzgado de instrucción tenga indicios que apunten en sentido contrario, después de una semana marcada por la pugna entre el judicial y el legislativo. "El Gobierno hizo la comprobación contable", sin detrimento de que Llarena "disponga de informaciones de la Guardia Civil", por lo cual, "será el juez quien se haga una idea", se ha defendido el portavoz. Así las cosas, el ministro ha insistido en que el magistrado tendrá "toda la colaboración" de la Moncloa para aclarar el caso, y se emplazan a la "calificación jurídica" de la financiación.
La cuestión es que a Montoro se le acumula trabajo, ahora que Mariano Rajoy está dispuesto a emprender el nuevo proyecto de financiación autonómica en mayo, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera al que se comprometió con la lideresa andaluza Susana Díaz, en la reunión mantenida el miércoles. "Se hecho unos documentos, pero ahora toca la política", ha dicho De Vigo, medio año después del plazo que inicialmente se había dado Hacienda para impulsar el proyecto, una vez elaborado el informe de expertos. El CPFF, si bien, sería en medio de la aplicación del 155, de manera que si no hay Govern, el ministerio intervendría por la Generalitat.
Sobre la disolución de ETA, De Vigo ha ratificado que no se producirán "concesiones", en una alusión implícita al acercamiento de los presos, una cuestión que se había rumoreado que podría ser el pago del Partido Popular al PNV, en la negociación para la aprobación de los presupuestos generales del 2018. "No ha habido, ni habrá contrapartida a la banda. Estamos esperando la disolución final" ha cargado duramente el portavoz gubernamental. Estas palabras llegan después de que ETA anunciara que el primer fin de semana de mayo se disolvería definitivamente.