El Gobierno pretende "tratar como cualquier otra" la petición de indulto del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) para Laura Borràs. Así se pronuncian fuentes del ejecutivo español, y de la misma manera se ha pronunciado este jueves la ministra de Transportes, Raquel Sànchez, que en declaraciones desde Menorca ha remarcado que La Moncloa "respeta absolutamente" todas las resoluciones judiciales. Ahora bien, también ha querido recordar que la sentencia no es firme y que, por lo tanto, la pelota todavía no está en manos del Gobierno.
Este posicionamiento por parte del Gobierno llega después de que el TSJC haya condenado a Laura Borràs a cuatro años y medio de prisión y 13 de inhabilitación a cargo público, al considerarla autora de un delito de prevaricación en concurso con falsedad documental por su gestión cuando era directora de la Institución de las Letras Catalanas (ILC), entre los años 2013 y 2017, según la sentencia hecha pública este jueves.
El tribunal, de todas formas, ha propuesto al Gobierno indultar a Borràs y rebajarle la condena a dos años de prisión, de manera que la pueda evitar. Ahora bien, el TSJC sí que apuesta por mantener los años de inhabilitación. Ante eso, la posición del Gobierno es la de mantener cierta prudencia y tener en cuenta que la sentencia a Borràs no es firme; de manera que todo está todavía en manos de la justicia. Desde el ejecutivo español se pretende actuar ante esta petición de indulto de la misma manera que en cualquier otra.
Hay que tener también en cuenta que la condena a Borràs no ha sido por unanimidad, porque Maria Jesús Manzano ha emitido un voto particular en el que considera que los delitos se tienen que analizar por separado. Ha pedido, pues, condenarla a 21 meses de prisión. De la misma manera, la magistrada defiende que la inhabilitación por el delito de prevaricación solo sea en cargos de contratación.
La Fiscalía pedía condenar a la presidenta suspendida del Parlament a seis años de prisión y 21 de inhabilitación a cargo público por haber adjudicado la renovación de la web de la institución en contratos fraccionados, que suman unos 335.000 euros, a Isaias Herrero, a quien el tribunal condena a 2 años de prisión, y a su amigo, Andreu Pujol, a 1 año y 3 meses de prisión por los mismos delitos, rebaja que había pedido el ministerio público. La sentencia no es firme, y seguramente el abogado de Borràs, el penalista Gonzalo Boye, presentará recurso ante el Tribunal Supremo.
Este procedimiento penal provocó que la Mesa del Parlament suspendiera a Laura Borràs como presidenta de la cámara catalana, a finales de julio pasado. Los grupos del PSC, ERC y la CUP pidieron aplicar el artículo 25.4 del reglamento del Parlament a Borràs, que establece que se tienen que suspender los derechos y deberes de un diputado cuando se le abre un juicio oral por delitos vinculados a la corrupción. Borràs ha insistido en que ha sufrido "una persecución política"