Las tres vicepresidentas española han desplazado hoy a la ministra-portavoz para un Consejo de Ministros monográfico: el plan de choque contra los efectos económicos y sociales de la guerra. Ayer el presidente Pedro Sánchez ya adelantó las principales líneas y medidas en una conferencia y hoy se ha aprobado de forma solemne por parte del ejecutivo central. Se trata de medidas excepcionales, en principio hasta el 31 de junio, que buscan paliar los efectos de la subida de precios tanto para las empresas como para los ciudadanos. Es por eso que la vicepresidenta económica Nadia Calviño ha reclamado que el Congreso de los Diputados lo convalide por unanimidad.
El grueso de las medidas ya fue anunciado por Sánchez y hoy ha habido pocas novedades. Es un plan de choque que contempla múltiples ámbitos, desde la rebaja generalizada de los precios de los carburantes de 20 céntimos por litro hasta el aumento del ingreso mínimo vital, pasando por los ERTE o el tope al precio del gas una vez sea avalado por la Comisión Europea. Se han implicado hasta dieciséis ministerios y movilizará 16.000 millones de euros. La previsión es que entre mañana y jueves sea publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que las medidas entren en vigor este viernes. Fuentes del Gobierno apuntan que el debate de convalidación no tendrá lugar hasta pasada Semana Santa.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Nadia Calviño ha apelado en varias ocasiones a la "unidad" de las fuerzas políticas. "Si no es ahora, después de dos años de pandemia, un volcán y una guerra, ¿cuando vamos a responder unidos los españoles?", se ha preguntado la vicepresidenta primera del Gobierno. Ha subrayado como se han incorporado buena parte de las sugerencias que les han hecho llegar los grupos parlamentarios y como se incluyen bajadas de impuestos, como reclama la derecha. "Confío en que tendremos el apoyo unánime del parlamento", ha asegurado Calviño, que se ha dirigido al virtual jefe de la oposición: "Señor Feijóo, aproveche esta oportunidad para demostrar el cambio de orientación del PP". Los populares siguen reclamando bajadas de impuestos.
Desde el Gobierno no cierran la puerta ni a la tramitación como proyecto de ley ni a la prórroga de las medidas más allá del 30 de junio, si así lo requiere la situación. Son dos de los reclamos compartidos por los aliados parlamentarios, que hoy se han abierto a dar apoyo al real decreto. Lo han hecho tanto ERC como EH Bildu, que se han felicitado porque se han incorporado algunas de sus propuestas. "Aunque nos parezca insuficiente, siempre estaremos al lado de intentar ayudar a la gente", ha asegurado Gabriel Rufián. Parecido al abertzale Mertxe Aizpurua: "En principio no nos opondremos". El PDeCAT también lo ve con buenos ojos, excepto la limitación del 2% para las subidas del alquiler.
Díaz a los empresarios: "No se tiene que despedir"
Por su parte, Yolanda Díaz ha aprovechado su intervención para dejar claro que el nuevo decreto establece que son "injustificados" los despidos por el encarecimiento del precio de la energía. De manera similar a la medida aprobada por la crisis sanitaria del coronavirus, las empresas que lo hagan tendrán que devolver las ayudas públicas que hayan recibido, por ejemplo por los ERTE. Ha aprovechado así para responder a Antonio Garamendi, líder de la patronal CEOE, que le ha instado a "montar ella una empresa" si se prohíben los despidos . Díaz le ha recordado que ya avaló este mecanismo por|para la pandemia. Y en varios puntos de su intervención, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo se ha dirigido a los empresarios con un mismo mensaje: "No se debe despedir. Tenemos todos los mecanismos de protección social".
El tope al gas
El Gobierno sigue sin poner cifra en el tope que pondrán al precio del gas, argumentando que se está trabajando de forma conjunta con Portugal y la Comisión Europea. En cualquier caso, Nadia Calviño ha asegurado que será "el más bajo posible". En cuanto al tiempo de implementación, la vicepresidenta tercera Teresa Ribera ha calculado que podría aplicarse en un plazo de "tres o cuatro semanas". Ha justificado que es un proceso "complejo", que pide mucho trabajo, pero ha garantizado que "en cualquier escenario el precio será considerablemente más bajo".