Este martes, el Consejo de Ministros aprueba de nuevo la nueva Ley de Representación Paritaria, que obligará a que haya una presencia de al menos un 40% de mujeres en el Gobierno, los consejos de administración de las grandes empresas, las candidaturas electorales y los órganos constitucionales. Esta norma actualiza la Ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres del 2007. Sin embargo, ¿por qué es la segunda vez que el Consejo de Ministros aprueba esta normativa? La legislatura pasada llegó al Congreso de los Diputados, pero decayó por la convocatoria de elecciones generales.
El primer texto que aprobó el Gobierno en primera vuelta el mes de marzo pasado solo afectaba a las listas electorales, la composición del Ejecutivo, los consejos de administración de grandes empresas, las juntas de gobierno de los colegios profesionales y los jurados de reconocimiento público de personalidades. Sin embargo, en el texto de la segunda vuelta se introdujo una modificación para que afecte a también los órganos constitucionales y los órganos de relevancia constitucional como "el Tribunal Constitucional, el Consejo de Estado, el Consejo Fiscal, el Tribunal de Cuentas o el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que tengan una representación paritaria".
No solo el ámbito político y jurídico se ve afectado por esta nueva normativa, también el sector empresarial. Sin embargo, se flexibilizó el calendario de implementación de los objetivos previstos a la norma, que iría desde el 2024 para el Ibex-35 hasta el 2028 para las entidades de interés público. A la norma, el régimen sancionador es más estricto ante el incumplimiento de la presencia de mujeres a que obliga la ley a los consejos de administración, mientras que en el caso de los sitios directivos, la empresa tendrá que explicar, si no se cumple, establecer protocolos y revisar los procesos para garantizar que así se produce. Además, el régimen sancionador será "más estricto" para las grandes empresas cotizadas, según detalló Nadia Calviño, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos.
Lejos de la sombra de Irene Montero
Esta normativa es herencia de la legislatura pasada, pero no nace del antiguo ministerio de Irene Montero. En la pasada legislatura fue Calviño quien defendió la iniciativa a la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros: a primera vuelta, en las puertas del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y también a segunda vuelta en el mes de mayo. De esta manera, aunque la norma sí que llevaba el sello de seis ministerios, entre ellos el de Igualdad, dirigido por Irene Montero, la ministra no fue la encargada de explicar una ley que persigue la igualdad entre hombres y mujeres tanto en el sector público como el privado. La ley acabó bajo la estela de Calviño y no Montero.