El Govern y En Comú Podem han cerrado el acuerdo definitivo que permitirá que el próximo 23 de diciembre, el próximo jueves, el Parlament dé luz verde definitiva a los presupuestos para 2022. Después de semanas de negociaciones y tras romper las negociaciones con la CUP justo antes de la tramitación, el Govern ha conseguido cerrar un acuerdo con los Comuns, que no eran su opción prioritaria, lo que permitirá que Catalunya vuelva a tener presupuestos después de tener que prorrogar los de 2020, que se aprobaron en pleno confinamiento.
En el acuerdo remachado este jueves, y después de una reunión entre el presidente Pere Aragonès y la líder de los comuns, Jéssica Albiach, las dos partes han hecho público un documento de 17 páginas que detalla los 12 acuerdos sectoriales a que han llegado en las últimas semanas. Las partidas más importantes son los 1.000 millones de euros de inversión en vivienda, la reducción del IRPF para las rentas más bajas, los 80 millones para salud mental o los 50 millones para el dentista público. Asimismo, incluye nuevos impuestos medioambientales y sobre productos "ultraprocesados". El mismo documento prevé que una comisión de seguimiento se reunirá como mínimo trimestralmente para "evaluar la ejecución de los acuerdos".
Asimismo, estos acuerdos también incluyen políticas de movilidad, orden público, la aprobación de la nueva ley de medidas fiscales y financieras del gobierno, y también se incluyen políticas de defensa del catalán o energéticas. Antes de nada, sin embargo, las dos partes del acuerdo crearán una comisión de seguimiento para asegurar que los puntos del acuerdo se siguen punto por punto y que estará integrada por tres miembros del Gobierno y tres de los Comuns, y que se reunirán, como mínimo, una vez cada trimestre hasta que se aprueben unos nuevos presupuestos. Uno de estos acuerdos incluye no realizar "ningún tipo de operación que pueda comportar un coste para la Generalitat" en torno al proyecto de Hard Rock.
Acuerdos destacados
Por estricto orden en el documento, gobierno y Comuns han llegado a 12 acuerdos que facilitarán la aprobación definitiva de los presupuestos el próximo jueves. El primer acuerdo es en materia fiscal, que además de reducir el IRPF a las rentas más bajas y aprobar nuevos impuestos medioambientales también incluye una modificación del impuesto sobre las emisiones de CO₂ y una modificación del impuesto de sucesiones y donaciones. De hecho, la mayoría de modificaciones fiscales estarán incluidas en la nueva ley de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público para el 2022, que los Comuns se ha comprometido a aprobar.
El segundo acuerdo entre las dos partes es en materia de movilidad y transportes públicos, que incluyen el inicio de las obras del tranvía del Camp de Tarragona con el fin de ponerlo en marcha a finales de 2025, y también de los tranvías del Bages, el Pirineo, el Ebro y la Costa Brava. Además, se pacificará la N-II en el Maresme por un importe de 49 millones de euros.
En cuanto al orden público, se establece que el Gobierno adquirirá cámaras para situarlas en las lanzadoras de foam que utilizan los Mossos d'Esquadra. De este modo, se quiere garantizar que se aplica el protocolo adecuado en las actuaciones policiales. También se fija que el Gobierno estudiará la internalización del 112.
En el ámbito de la Salud, el Gobierno se compromete a internalizar el servicio del 061, que actualmente está subcontratado a través de Ferrovial. Además, se destinarán 160 millones de euros "para recuperar la actividad asistencial no relacionada con la covid-19". También en el sector salud se trabajará en el marco del derecho de las mujeres a abortar y para la prevención del suicidio.
Con respecto a las políticas de vivienda, el Gobierno y los Comuns también han acordado modificar algunas partidas de las cuentas, que se resumen en un aumento de la partida con el fin de llegar a los 1.000 millones de euros. Este aumento servirá para ampliar el parque público de vivienda y la aprobación de un nuevo Pacto Nacional de la Vivienda. Además, también se ha acordado priorizar los barrios más vulnerables a la hora de conceder las ayudas europeas en materia de rehabilitación de viviendas.
El quinto punto se centra en el ámbito de las políticas sociales, que afectarán a la renta garantizada de ciudadanía y la reducción de las listas de espera para las residencias, con una dotación presupuestaria de 10 millones de euros. Con respecto a la educación, se cubrirán las bajas para cuidar de un hijo o familiar, la creación de un fondo para becar estudiantes de formación profesional y la integración de nuevos profesionales en las escuelas dentro de los equipos de asesoramiento psicopedagógico.
La industria ha tenido un peso preponderante en este pacto de presupuestos, ya que se incrementarán 20 millones en la partida del Pacte Nacional per la Indústria, que alcanzará los 76 millones. Además, el Institut Català de Finances destinará 210 millones a proyectos y empresas industriales.
Este el documento que ratifica el acuerdo entre el Gobierno y los Comuns: