El equipo jurídico del president de la Generalitat en el exilio, Carles Puigdemont, trazó un meditado plan para esquivar la posibilidad de que su comparecencia ante la justicia belga de este viernes por la mañana fuera conocida previamente por las autoridades españolas bajo dos premisas: el día de la huelga general en Catalunya era una jornada idónea para demostrar ante la opinión pública que la justicia española y la belga no tienen nada que ver ni en su profesionalidad, ni en su autonomía, ni en la política de filtraciones; y, en segundo lugar, insuflar oxígeno político al independentismo, que estos días está protagonizando la respuesta a las sentencias contra los presos políticos comunicadas el pasado lunes por el Tribunal Supremo.
El principal obstáculo, según las fuentes a que ha tenido acceso ElNacional.cat, era sortear la presencia del presidente del gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, y su séquito en Bruselas para asistir al Consejo Europeo de los 27 que se celebraba para abordar el acuerdo entre la UE y el Reino Unido sobre el Brexit. No era una cuestión fácil, aparentemente, ni segura, ya que no era lo mismo que la noticia se divulgara la noche del jueves, cuando el president exiliado se personó en las dependencias de las autoridades belgas para prestar declaración al día siguiente, que se supiera cuando empezara a declarar. El hecho de que el Consejo de Europa y, consiguientemente, Pedro Sánchez, estuviera a una distancia física no superior a los dos kilómetros era un riesgo informativo alto. También, por ejemplo, que cualquier periodista pudiera reconocerle y la noticia corriera como la pólvora.
Reuniones en Bruselas
Nada de eso sucedió. Pedro Sánchez y su equipo proseguían sus reuniones en Bruselas sin tener la más mínima idea de lo que se estaba cocinando a muy poca distancia de donde ellos se encontraban. Y la ministra portavoz, Isabel Celaá, ha conocido la información mientras se encontraba en la cadena Ser en una de las habituales entrevistas que, estos días, son más prolijas con motivo de la campaña electoral del 10-N. Su único comentario ha sido que el Gobierno no tenía ninguna comunicación procedente del poder judicial y que esperaba que le impusieran alguna medida cautelar habida cuenta de la euroorden ―la tercera, las otras dos fueron retiradas por el juez Pablo Llarena después de su fracaso ante la justicia belga y alemana― cursada por el Tribunal Supremo y de la orden europea e internacional de detención y de entrega inmediata por los delitos de sedición y malversación de caudales públicos, acordando su búsqueda e ingreso en la prisión.
Esa contundente petición del juez Pablo Llarena, la justicia belga la ha sustanciado tras la comparecencia de Puigdemont en sus dependencias dejándolo en libertad sin fianza, igual que en las dos ocasiones anteriores, y con la obligación de comunicar su domicilio, viajes y actividades. "Estaré a disposición de la justicia belga para lo que me necesite", ha declarado muy tranquilo el president Puigdemont a su salida y antes de regresar a su residencia de Waterloo. En este inicio de la tercera partida de extradición, la definitiva, la pelota sigue rodando pero el juego se disputa todo en territorio de la justicia española, que tiene una base muy poco sólida para su petición.