La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha declarado la nulidad parcial del Decreto 9/2017 de la Generalitat sobre plurilingüismo por considerar que discrimina a los alumnos que eligen la enseñanza en castellano. De hecho, tal y como avanzaba El Nacional, hace dos meses, el TFJ valenciano ya había suspendido de manera cautelar la aplicación del decreto de plurilingüismo impulsado por el socialista Ximo Puig.

Los magistrados de la Sección Cuarta estiman parcialmente el recurso interpuesto por el sindicato CSI·F y anulan la disposición adicional 5ª de la norma por entender que vulnera el derecho fundamental a la igualdad y el derecho a la educación, ha informado el TSJCV en un comunicado.

Según han considerado los magistrados, la suspensión se argumenta en que el decreto "discrimina a los alumnos que optan por una enseñanza mayoritariamente en castellano frente a los que eligen el valenciano como lengua vehicular, ya que estos últimos reciben más horas de docencia en inglés".

La misma Sala ya había acordado la suspensión cautelar del decreto del plurilingüismo y había dado un plazo de cinco días a la Conselleria de Educació para que precisara qué medidas ha adoptado para cumplir esa resolución judicial.

La sentencia 

En la sentencia, notificada hoy a las partes, el Tribunal considera que esta disposición supone "una evidente diferencia de trato entre el valenciano y el castellano que tiene una clara incidencia" en el certificado que acredita el nivel de inglés del alumnado al concluir los distintos niveles educativos.

Según recoge, "carece de justificación y por ello resulta irrazonable y desproporcionado el modo excluyente de concebir en esa Disposición adicional 5ª el acceso a la enseñanza y la certificación del nivel de inglés para el alumnado que opte por mayor presencia del castellano".

En su resolución, la Sala apela a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, del Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y concluye que la norma "introduce esa distinción arbitraria e injustificada entre las dos lenguas oficiales de la Comunitat Valenciana (en claro agravio comparativo o desequilibrio en perjuicio del castellano) a cuenta del inglés".

Dice que atendiendo a la existencia de dos lenguas cooficiales, la Administración autonómica, acreditado el déficit del valenciano, puede promover acciones positivas para favorecerlo, pero éstas han de ser proporcionadas y no deben ir en detrimento del castellano.

Para el Tribunal, la diferencia entre la acreditación del inglés en los niveles básico, intermedio y avanzado, no es una "acción positiva" de promoción del valenciano en comparación con el castellano, sino "una estrategia de atracción hacia mayor dinamización o normalización favorable al valenciano a través del ofrecimiento de mayor número de horas en inglés y la más elevada certificación de dicho idioma extranjero".

Como consecuencia de ello, concluyen que "se inflige una sanción indirecta (menos inglés y menor nivel de certificación de dicho idioma)" al alumnado que desee optar por el castellano.

Con ello, la disposición ahora anulada "produce un efecto inhibidor, desalentador, desincentivador o disuasorio" en quienes pretendan ejercer la opción preferente por el castellano en lugar del valenciano y supone "un claro agravio comparativo para el alumnado que opte por mayor presencia del castellano".