El abogado del president Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, advierte que las conclusiones del abogado general del TJUE contrarias a los argumento expuestos por Bélgica para denegar la extradición de Lluís Puig y a favor de las tesis del juez instructor Pablo Llarena representan una negación de los derechos fundamentales como a derechos individuales, dado que asume que sólo se puede esgrimir una vulneración de derechos para denegar una euroorden si se trata de una vulneración generalizada y sistémica. El abogado, a pesar de admitir que las conclusiones del abogado general no son las que esperaban, reitera la apuesta y la confianza por la justicia europea, y niega que las conclusiones impliquen una entrega de los exiliados a la justicia española.
El abogado general del TJUE ha hecho público hoy su informe en relación a las cuestiones prejudiciales que presentó el juez Llarena a raíz de la negativa de Bélgica a extraditar a Puig. En sus conclusiones el abogado general se alinea con los argumentos de Llarena y advierte que para esgrimir un riesgo de vulneración de un derecho fundamental, como ha hecho en su negativa a ejecutar la euroorden, la justicia belga tendría que demostrar deficiencias sistémicas y generalizadas en el funcionamiento del sistema judicial español. Este fue uno de los argumentos clave también durante la vista que se celebró el pasado mes de abril en Luxemburgo.
Boye considera que las conclusiones del abogado general entran en confrontación con los criterios establecidos por el TJUE en una sentencia de febrero del 2022 y con otros, en los que se reconoce la vulneración del derecho a un proceso equitativo como razón para denegar una euroorden.
Advierte que "el criterio del abogado general representa una negación misma de los derechos fundamentales como derechos individuales, asumiendo que sólo cuando existe una vulneración generalizada y sistemática es cuando se puede tener en consideración como causa para denegar una entrega". En opinión del abogado, eso implicaría la "desnaturalización de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y un retroceso importante en materia de derechos y libertades que excede con creces el caso catalán" y comportaría un giro copernicano en esta materia, en caso de confirmarse.
Con todo, advierte que estas conclusiones no comportan una futura entrega de los exiliados a la justicia española sino que simplemente vuelve a enviar el procedimiento a la casilla de salida y obliga a probar que existe un fallo generalizado del sistema. "Contamos con los elementos para acreditarlo si se confirman los sorprendentes criterios del abogado general", asegura Boye.