El abogado Gonzalo Boye ha alertado a los cinco magistrados del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) de que "el Reino de España les quiere llevar a engaño" con respecto a la situación penal del president Carles Puigdemont y el exconseller Toni Comín, durante la vista que ha empezado este jueves, pasado diez minutos de las dos del mediodía, en la sala azul del TGUE, en Luxemburgo. "El Reino de España hace una interpretación distorsionada", ha manifestado Boye, sobre los políticos catalanes, al sostener que ya se ha abierto juicio oral contra ellos por la causa del 1-O. Y Boye ha indicado que "la investigación no ha acabado", y, por lo tanto, su inmunidad sigue vigente, y hace falta un suplicatorio al Parlamento.
Por su parte, el abogado del Parlamento, Niklas Görlitz, ha pedido al TGUE que no acepte la demanda de Puigdemont y Comín porque asegura que "no tiene ningún efecto jurídico" la carta que el 10 de diciembre de 2019 el entonces presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, remitió a la eurodiputada Diana Riba (ERC) y a 37 eurodiputados más en qué le pedían que iniciara el proceso de inmunidad de Puigdemont. Por contra, Boye ha remarcado que "sí que tenía efectos jurídicos" y que Sassoli tendría que haber enviado la carta de Riba, que le comunicó en octubre de 2019, a los servicios jurídicos de la cámara (Juri). Y así, el juez Pablo Llarena no podría haber dictado las euroórdenes sin pedir primero el suplicatorio al Parlamento.
La abogada del Estado, Andrea Gavela, ha asegurado que Puigdemont ya estaba procesado antes de ser eurodiputado y no hacía falta el suplicatorio del 2019. En esta vista, la Abogacía del Estado, es parte subordinada al Parlamento Europeo, y Gavela ha defendido su posicionamiento, que no se acepte la demanda de Puigdemont y Comín.
El tribunal del TGUE pregunta
En esta vista oral, de la causa T-115/20, el tribunal es formado por los cinco magistrados que revisaron el caso inicialmente y no los que componen actualmente la sala sexta, como se comunicó por error. Así, el tribunal del TGUE de la primera vista oral de este jueves, sobre la inmunidad de los políticos catalanes, es formada por los magistrados: Anna Marcoulli, de Chipre, presidenta del tribunal; Sten Frimond Nielsen, Heikki Kanninen y Juraj Schwarez, y Rimvydas Norkus. Los cinco magistrados también formarán parte del tribunal TGUE que este viernes analizará la petición de la anulación del suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Puigdemont, Comín y Ponsatí concedido por el Parlamento Europeo al juez Llarena, el marzo de 2021 y revocada el mayo del 2021 por el TJUE.
La inmunidad, a debate
La presidenta del tribunal y tres magistrados han preguntado, y bastante, primero al abogado del Parlamento Europeo cuáles son los mecanismos que usa la cámara cuando un tribunal nacional le pide que levante la protección a un europarlamentario. La comisión de Asuntos Jurídicos, conocida por Iuri, “no hace investigaciones ni comprobaciones sobre las demandas, se respeta el ordenamiento nacional”, ha respondido el letrado europeo. "¿Pero, cuando los servicios jurídicos del Parlamento van a la carpeta de España, qué dice? Qué dice y hasta cuando dura la inmunidad?”, ha insistido en preguntar el magistrado Sten Frimond Nielsen. El abogado se ha limitado a responder que piden a cada de los 27 países de la Unión que aporten su normativa, y ha reiterado que "no va a responder sobre cuestiones nacionales" jurídicas. Y ha tirado pelotas fuera diciendo que, por ejemplo, el Reino Unido, cuando era a la Unión, tenía “cero inmunidades”.
Cuando hace falta pedir el suplicatorio?, insiste el TGUE
La vista, que inicialmente tenía que ser rápida, se ha alargado más de tres horas porque todos los cinco magistrados del TGUE han insistido en preguntar a las partes sobre “los efectos jurídicos” de la actuación del entonces presidente Sassoli y que habría hecho la comisión Juri sobre la inmunidad del president Puigdemont. “La comisión Juri no analiza los hechos, sino el procedimiento de amparo”, ha explicado el abogado del Parlamento, y ha añadido que la solicitud de amparo que hizo Riba para Puigdemont y Comín “decayó”, cuando no respondieron a la segunda carta de Sassoli, que les decía que los afectados son los que tendrían que hacer esta petición o una persona en su nombre pero de forma reglada. En sus preguntas, los magistrados han hecho referencia que sobre la inmunidad se abordará en la vista de este viernes.
La presidenta del tribunal, Anna Marcoulli, ha insistido a preguntar a Boye y a la abogada del Estado cuando se tiene que pedir el levantamiento de la inmunidad de un parlamentario. La abogada del Estado ha indicado que el Tribunal Supremo (TS) y el Tribunal Constitucional (TC) “tienen jurisprudencia clara” que precisa que solo se pedirá un suplicatorio en una cámara española cuando se inicia la investigación, previa a su procesamiento, y por eso insiste que Puigdemont fue procesado antes de obtener el acta de eurodiputado. Por el contrario, Boye ha asegurado que la nueva jurisprudencia indica que se ha de solicitar cuando se empieza la vista oral en el caso de aforados.
El abogado de los eurodiputados de Junts ha dado la razón a uno de los magistrados cuando, al final, ha declarado: Ustedes lo que quieren que se admita no es la anulación de la carta de Sassoli, sino por no haberla elevado a la comisión de servicios jurídicos, no?" La vista se ha acabado a las cinco y media de la tarde y la presidenta del tribunal ha anunciado que se notificará a las partes la fecha de la sentencia.
Este viernes, a las 9.30h, llega el segundo asalto de los eurodiputados catalanes para defender su inmunidad ante los mismos magistrados del Tribunal Europeo. Solo cambiará el lugar de la vista: la sala grande del TGUE.
En la foto principal, Gonzalo Boye, con los abogados del Parlamento Europeo, antes de empezar la vista. / Foto: M.P.