"He sufrido espionaje masivo por defender políticos independentistas catalanes. Hace falta depurar responsabilidades, y aclarar si lo ha hecho el Gobierno o con una estructura paraestatal", ha afirmado Gonzalo Boye, en la comisión de investigación del CatalanGate, constituida este viernes en el Parlament. "Y, si ha habido espionaje, también ha habido malversación, porque según la tesis de Llarena todo es malversación si no está en una partida presupuestaria; y no he visto ninguna partitda en los presupuestos del Estado que diga: 'Espiar a independentistas catalanes, a sus abogados y sus familias', ha afirmado irónicamente Boye. En la sesión también han intervenido los penalistas Andreu van den Eynde, también espiado con el software Pegasus y que lleva dos querellas en el juzgado de miembros de ERC espiados; y Benet Salellas, que lleva las querellas de espiados de Òmnium en el juzgado de instrucción 20 de Barcelona, y de miembros y exmiembros de la CUP, en el juzgado de instrucción 32 de Barcelona. Los dos han propuesto objetivos a la comisión parlamentaria para intentar garantizar los derechos de los ciudadanos. Además, han afirmado, que hoy por hoy los juzgados de Barcelona ni ningún órgano oficial investiga ni quiere investigar al autor del CatalanGate.
El grupo de trabajo, bajo el nombre Comisión de Investigación sobre el Espionaje de Representantes Políticos, Activistas, Periodistas y sus Familiares por parte del reino de España con los programas de Pegasus y Candiru, se ha constituido este viernes con los diputados de Junts, ERC y Comuns, mientras los diputados del PSC se han marchado al estar en desacuerdo en el contenido y su inicio. Los de Cs y Vox ni se han presentado. La comisión ha citado al presidente español Pedro Sánchez, así como a responsables del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que admitió haber espiado a 18 personas, entre ellas el presidente Pere Aragonès, además de magistrados y otras autoridades.
"El autor es el CNI"
En su intervención, Andreu van den Eynde, ha sido claro: "El CNI nos ha espiado. Las pruebas están allí, en sus despachos, pero nadie quiere investigar esta autoría." Ha precisado que las pruebas es que la empresa NSO, propietaria de Pegasus, se está defendiendo en los pleitos que tiene en los EE.UU., afirmando que tiene "inmunidad derivada" porque son los estados quiénes compran este software espía. Además, el CNI lo admitió en 18 personas, y también lo confirma la comisión de investigación europarlamentaria. Ha añadido, sin embargo, que ocho meses después de presentar las querellas ningún juzgado de Barcelona no ha hecho nada, y que la fiscalía "hace el truco" de pedir los móviles, donde solo se puede constatar la infección, como ha hecho Citizen Lap, ya que estos programas son para no ser detectados. Ha añadido que a pesar de constatar esta infección "no se busca el autor porque es el CNI".
Legalmente -ha aclarado el penalista- sí que se permite el espionaje con un troyano a un sospechoso: "Son herramientas útiles, pero hace falta el control judicial para hacer un filtro de derechos; y en el caso de Pegasus no existe. Tampoco es legal espiar abogados." Van den Eynde ha afirmado que, "como dice Assange, los Estados nunca dejarán de espiarnos", pero ha invitado a los diputados de la comisión que uno de los objetivos es que "se enseñe ciberseguridad, y que se den herramientas a los ciudadanos para protegerse", tal como Boye ha asegurado que le ha tenido que explicar a su hija de 14 años.
Protección de derechos real
Por su parte, Benet Salellas ha centrado su intervención en la defensa de los derechos fundamentales, de los cuales ha asegurado ya existía una protección en la época franquista, en el Fuero de los españoles, pero que es papel mojado, como en la actual Constitución si no se respetan. Salellas ha expuesto a la comisión de investigación que un buen punto de partida sería reclamar lo que recoge al responsable de Protección de Datos de la Unión Europea: se permite el espionaje solo en caso de un ataque terrorista inminente. El abogado también ha detallado que actualmente con la causa de Pegasus los afectados no han podido recibir ninguna información sobre su espionaje, aunque los tribunales europeos ordenan que el ciudadano tiene derecho a saberlo una vez ha pasado la operación. Salellas ha enumerado como se les ha cerrado la puerta en los juzgados de lo penal y contencioso-administrativo porque se decía que era información reservada, de seguridad nacional. Ni al Defensor del Pueblo ni al juez Pablo de Lucas, que autorizó el espionaje en el CNI, les ha dado ninguna ayuda o información. Por eso, también ha propuesto a la comisión trabajar para garantizar realmente esta tutela de derechos, como el de la intimidad a la ciudadanía.