El abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha cargado contra la decisión de la Fiscalía del Tribunal Supremo, la cual ha pedido al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena que incluya el delito de desórdenes públicos agravados en el procesamiento de Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí. Es decir, la Fiscalía quiere ir un paso más allá en la persecución de los exiliados. "El escrito de los fiscales del Supremo es más político que jurídico", ha sentenciado Boye en una entrevista en Catalunya Ràdio. El abogado ha vuelto a recordar que en Alemania, en su momento, no vieron ningún tipo de violencia en los hechos del 1-O y los días potseriros.
Preguntado sobre las diferencias entre Puigdemont, Comín y Ponsatí y otros exiliados como Lluís Puig y Marta Rovira, Boye ha apuntado que sospecha de la existencia de algún tipo de pacto con la Fiscalía, pero ha remarcado que no lo sabe. "Me imagino que han acordado algo al respecto o no. Quizás han dicho que Marta Rovira tuvo un papel insignificante", ha reflexionado y ha añadido: "A Clara Ponsatí le atribuyen hechos como miembro del Gobierno, pero a Lluís Puig no, y también era miembro del Gobierno, lo que me lleva a la conclusión que aquel escrito es un traje en medida y es un escrito jurídico".
Además, ha criticado la reforma del Código Penal: "El Gobierno tiene que tratar de hacer política y no derecho, porque de eso no sabe". El abogado ha lamentado las consecuencias negativas que acarrea la reforma y ha vaticinado que habrá más en un futuro: "Aquí ha habido un toqueteo del Código Penal y veremos las disfunciones que ha creado y las que creará".
Retorno de Puigdemont, Comín y Ponsatí
Sin embargo, ha remarcado que una posible extradición del presidente Puigdemont no está sobre la mesa: "A Puigdemont no lo extraditarán y decir lo contrario son fuegos artificiales". Dejando este escenario de lado, el abogado ha afirmado que está trabajando en el futuro retorno de Puigdemont, Ponsatí y Comín en Catalunya, un retorno que apunta que será "pronto". "A partir de la sentencia de la inmunidad se podrá fijar la fecha del retorno en este 2023", ha explicado.
Las expectativas de La Moncloa
Mientras tanto, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado este mismo miércoles que espera que la reforma del Código Penal "sirva para que el señor Puigdemont pueda ser extraditado a nuestro país y pueda responder ante la Justicia, que es lo que desde el primer momento el gobierno de España ha pretendido, en un plazo breve de tiempo". Además, Montero ha destacado que la reforma no ha "despenalizado" cualquier tipo de malversación, como decía el PP, sino que "incluso endurece los delitos de corrupción".