El Govern quiere acabar con la cita previa obligatoria en la relación de los ciudadanos con los servicios públicos. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha anunciado que en menos de un año -la previsión es hacerlo en nueve meses- el Govern aprobará una norma con rango de ley que impedirá que la cita previa sea el único sistema para que los ciudadanos se relacionen con los servicios públicos. El conseller, que recuerda que este era el sistema habitual antes de la pandemia de Covid, no prevé aumentar la plantilla para hacer frente a este cambio. "Si era posible atender antes de la pandemia, ha de ser posible hacerlo después", argumenta. La norma no solo obligará a la administración de la Generalitat, sino también los ayuntamientos y diputaciones.
El conseller, que ha presentado un conjunto de medidas que el Consell Executiu aprobará en la reunión de este martes para la modernización de los servicios públicos, ha advertido que "el país necesita dar un paso decidido hacia una mejora de la atención a los ciudadanos". Entre las medidas que ha anunciado, hay también propuestas para la profesionalización de los altos cargos de la administración o la creación de prácticas remuneradas para atraer talento joven a la administración.
Por lo que respecta a la cita previa obligatoria, que se impuso con el Covid, el conseller ha advertido que "cualquier ciudadano sea de donde sea tiene que poder dirigirse a los servicios públicos sin necesidad cita previa". Esta medida no quiere decir que se elimine la cita previa, sino que se tiene que crear un modelo híbrido pero ha de permitir que los ciudadanos se puedan dirigir a los servicios sin la cita previa.
Dalmau ha recordado que uno de los primeros encargos que ha recibido del president de la Generalitat, Salvador Illa, es la transformación de los servicios públicos.
Entre las prioridades que se ha marcado el Govern en esta reforma se encuentra la necesidad de una simplificación normativa de los procesos para liberar a los servicios públicos de un cierto corsé y hacerlos más ágiles; la consolidación del empleo público de calidad; recuperar el prestigio del sector público; o la profesionalización del servicio. Dalmau ha advertido que después de años evaluando el funcionamiento de la administración ahora ha llegado el momento de implementar el cambio, por lo que se ha creado una comisión de expertos, presidida por Carles Ramió, que se encargará de plantear la estrategia a desarrollar con propuestas concretas que deberían aplicarse en los próximos doce meses.
Medidas de urgencia
El conseller ha señalado "medidas de urgencia", como el plan de choque para atraer a gente joven al sector público, con la puesta en marcha de un programa de prácticas profesionales, con 2000 plazas de becas remuneradas para desarrollar experiencia profesional en el sector público. El objetivo es atraer a los mejores estudiantes de universidad y formación profesional con un programa de captación de talento joven.
Dentro de esta voluntad de atraer talento y prestigiar a la administración, ha señalado la necesidad de impulsar la profesionalización. La intención es atraer a los mejores profesionales, independientemente de dónde hayan trabajado, e imponer un "listón de excelencia" para los altos cargos, con un marco regulador que fije los procesos de selección de directores generales y responsables de empresas públicas y abrir algunos de estos altos cargos a procesos concursales, a fin de que los cambios de gobierno no comporte su relevo.