El Govern quiere acabar con la cita previa obligatoria en la relación de los ciudadanos con los servicios públicos. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha anunciado que en menos de un año -la previsión es hacerlo en nueve meses- el Govern aprobará una norma con rango de ley que impedirá que la cita previa sea el único sistema para que los ciudadanos se relacionen con los servicios públicos. El conseller, que recuerda que este era el sistema habitual antes de la pandemia de Covid, no prevé aumentar la plantilla para hacer frente a este cambio. "Si era posible atender antes de la pandemia, ha de ser posible hacerlo después", argumenta. La norma no solo obligará a la administración de la Generalitat, sino también los ayuntamientos y diputaciones.
El conseller, que ha presentado un conjunto de medidas que el Consell Executiu aprobará en la reunión de este martes para la modernización de los servicios públicos, ha advertido que "el país necesita dar un paso decidido hacia una mejora de la atención a los ciudadanos". Entre las medidas que ha anunciado, hay también propuestas para la profesionalización de los altos cargos de la administración o la creación de prácticas remuneradas para atraer talento joven a la administración.
Por lo que respecta a la finalización de la cita previa obligatoria, que ha recordado que aún se utiliza en servicios vinculados a la seguridad o en alguna entidad o consorcio público, ha advertido que una vez que se apruebe la norma, que se pondrá en marcha con la ley de acompañamiento de los presupuestos, "cualquier ciudadano sea de donde sea tiene que poder dirigirse a los servicios públicos sin necesidad de cita previa". Esta medida no quiere decir que se elimine la cita previa, sino que se tiene que crear un modelo híbrido pero ha de permitir que los ciudadanos se puedan dirigir a los servicios sin la cita previa.
Dalmau ha recordado que uno de los primeros encargos que ha recibido del president de la Generalitat, Salvador Illa, es la transformación de los servicios públicos. El conseller ha explicado que 77.000 trabajadores de la administración de la Generalitat tienen más de 50 años, lo cual equivale al 39%, y que de ahora al 2030 se jubilarán 27.000 servidores públicos, un 14%. Esto implica un "reto del relevo generacional", pero también una oportunidad para "definir" el perfil de trabajadores públicos que busca el Govern.
Entre las prioridades que se ha marcado el Govern en esta reforma se encuentra la necesidad de una simplificación normativa de los procesos para liberar a los servicios públicos de un cierto corsé y hacerlos más ágiles; la consolidación del empleo público de calidad; recuperar el prestigio del sector público; o la profesionalización del servicio. Dalmau ha advertido que después de años evaluando el funcionamiento de la administración ahora ha llegado el momento de implementar el cambio, por lo que se ha creado una comisión de expertos, presidida por Carles Ramió, que se encargará de plantear la estrategia a desarrollar con propuestas concretas que deberían aplicarse en los próximos doce meses.
Medidas de urgencia
El conseller ha señalado "medidas de urgencia", como el plan de choque para atraer a gente joven al sector público, con la puesta en marcha de un programa de prácticas profesionales, con 2.000 plazas de becas remuneradas para desarrollar experiencia profesional en el sector público. El objetivo es atraer a los mejores estudiantes de universidad y formación profesional con un programa de captación de talento joven.
Dentro de esta voluntad de atraer talento y prestigiar a la administración, ha anunciado también que en la ley de acompañamiento de los presupuestos se incorporarà el desarrollo normativo para impulsar la dirección pública profesional de la Generalitat. La intención es atraer a los mejores profesionales, independientemente de dónde hayan trabajado, e imponer un "listón de excelencia" para los altos cargos, con un marco regulador que fije los procesos de selección de directores generales y responsables de empresas públicas y abrir algunos de estos altos cargos a procesos concursales, a fin de que los cambios de gobierno no comporte su relevo.
En esta misma línea de profesionalización, el Govern quiere revisar la forma como se incorpora a personal a la administración, en procesos que se regularon en los años 90 del siglo pasado y que hoy, según el conseller resultan "demasiado farragosos" y hay que simplificar.