El Govern ha puesto en marcha la maquinaria legal para aplicar este año el impuesto catalán a las emisiones de dióxido de carbono (CO2) producidas por vehículos de tracción mecánica, como los coches, las furgonetas o las motocicletas.
El Govern prevé empezar a cobrarlo a partir del 15 de septiembre, pero para eso el próximo 1 de mayo publicará un padrón provisional, accesible para la ciudadanía, en el cual se podrá consultar los vehículos afectados por el impuesto y la cuota a pagar a través de la web de la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC).
De hecho, un simulador de la ATC permite ya calcular el coste del impuesto según las emisiones de CO2 del vehículo -que figuran en la ficha técnica-, aunque en el caso de los turismos el importe irá de entre los 6 a los 60 euros anuales para la mayoría de turismos, según estimaciones de la Generalitat.
¿A quién afecta el impuesto?
Están afectados por este nuevo impuesto los turismos hasta un máximo de 9 plazas, las furgonetas de hasta un máximo de 3,5 toneladas y las motocicletas, y el ejercicio que se liquidará ahora es el correspondiente a 2020.
En cambio, quedan fuera de tributar por este impuesto los vehículos 100% eléctricos, los turismos con emisiones de CO2 inferiores a 120 gramos por kilómetro (aunque para el ejercicio fiscal de 2021 este límite se rebajará a 95 g/km), las furgonetas que emiten menos de 160 g/km, los ciclomotores, los camiones y vehículos de más de 3,5 toneladas, los autocares y los vehículos usados para transportar a más de nueve personas, incluido el conductor.
También resultan exentos de este impuesto vehículos como las ambulancias, los vehículos oficiales, los de representaciones diplomáticas y organismos internacionales, los adaptados para personas con movilidad reducida, así como los históricos y clásicos.
Periodo de modificaciones:
No obstante, si hay un error en el padrón provisional, los interesados tendrán hasta el 4 de junio para solicitar su modificación, y el padrón definitivo estará listo el 1 de septiembre, de manera que a mediados de mes se activará ya el procedimiento para cobrar este nuevo impuesto, que se calcula que afectará a unos 4,1 millones de vehículos y 2,1 millones de contribuyentes.
Este impuesto fue creado en 2017, a través de la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat de este año, y después su regulación se incorporó a la ley catalana de cambio climático, también aprobada en el 2017. Cuando menos, su aplicación, que tenía que arrancar en el 2018, se ha ido retrasando hasta ahora por varios motivos, y el Govern fue variando año a año las fechas previstas de implantación del impuesto.