El conseller d'Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, ha informado que el Govern ha hecho llegar hoy un requerimiento a Gas Natural para que aporte toda la información sobre el corte de suministro eléctrico que sufrió la abuela de Reus que ayer murió a causa de un incendio provocado por las velas con que se iluminaba. "Si la empresa no acredita que ha actuado de acuerdo con la ley, empezará a incoarse el correspondiente expediente sancionador además de poner toda la información a disposición judicial", ha advertido el conseller que ha recordado que la compañía dispone de cinco días para dar respuesta.

Baiget ha recordado que la ley 24/2015, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y pobreza energética, fija que cualquier empresa suministradora tiene que solicitar un informe previo al Ayuntamiento antes de ejecutar un corte de energía eléctrica para asegurarse que la familia afectada no esté en situación de exclusión social. El Ayuntamiento de Reus ha confirmado que esta comunicación no se ha hecho.

Así mismo, en respuesta, al comunicado que Gas Natural ha hecho público esta misma mañana asegurando que esta mujer no figuraba en el listado de familias vulnerables que les había hecho llegar el Ayuntamiento de Reus, el conseller ha recordado que la ley fija que es la empresa suministradora quien tiene que comunicar al consistorio y a los servicios sociales las personas que se pueden encontrar afectadas por un corte del servicio, y no al revés.

Caso complejo

El conseller ha explicado que la mujer no vivía sola, que compartía la vivienda con la suya nieta, el compañero de ésta y su hija; y que era una persona que "estaba siendo vigilada y tratada por los servicios sociales", dado que desde 2013 tenía abierto un expediente de vulnerabilidad social. "Se trata de un caso complejo, de una familia desestructurada. Le costaba aceptar determinadas ayudas", ha explicado el conseller, que ha confirmado que había pedido una ayuda para pagar el recibo del agua pero, en cambio, el pasado 3 de noviembre rechazó una visita de los servicios sociales.

Baiget ha detallado que desde su Departament ya se han tramitado 195 denuncias o comunicaciones por cortes indebidos de suministro. A partir de aquí, se han incoado 115 expedientes, de los cuales 74 ya tienen resolución y 18 han sido notificadas a las empresas. Las sanciones que prevé la ley va desde los 10.000 a 100.000 euros. Las sanciones comunicadas hasta ahora han sido de 10.000 euros.

Dificultades de acuerdo con las eléctricas

El conseller ha recordado que la ley catalana obliga a la Administración a buscar acuerdos con las empresas suministradoras, y que de momento se han conseguido pactos con 20 empresas suministradoras de agua, públicas y privadas, que suponen condonación de deuda o tarificación social.

Por el contrario, se han celebrado 25 reuniones con empresas eléctricas para buscar este tipo de convenios, pero no ha sido posible. "Si llegamos a la conclusión que no es posible, cambiaremos la ley para tener instrumentos que de manera directa nos permitan estos acuerdos", ha añadido.