Cambio de escenario. El Govern ha alegado ahora la "imposibilidad legal" de aplicar el 25% de castellano en la escuela. Concretamente, ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que declare imposible cumplir la sentencia porque el decreto del catalán aprobado el lunes supone un nuevo marco legal que impide su ejecución. El gabinete jurídico de la Generalitat ha remitido un escrito delante del TSJC en el cual se defiende que la manera para asegurar la efectividad mayor de la sentencia es "que se aprueben los proyectos lingüísticos de los centros educativos públicos y de los centros educativos privados sostenidos con fondos públicos".
El documento, al cual han tenido acceso Efe y Europa Press, argumenta que el decreto aprobado por el Govern es "incompatible" con la parte de la sentencia del alto tribunal que obliga a garantizar que el uso del catalán o del castellano no sea inferior al 25% de las horas lectivas. El Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) ha publicado este martes el decreto ley por el cual el Govern fija explícitamente la "inaplicación" de porcentajes en el uso de lenguas en la enseñanza. Es por eso que el ejecutivo catalán ve una imposibilidad legal de ejecutar la sentencia por "la concurrencia de manera sobrevenida de una causa como es la aprobación de un nuevo marco legal" y explica que el Tribunal Supremo ha admitido planteamientos así en varias ocasiones. Entonces, el TSJC tendrá que acordar como ejecutar la sentencia "una vez apreciada la causa de imposibilidad legal de ejecutarla".
"Se da respuesta a la nueva normativa"
Por su parte, el conseller Josep Gonzàlez-Cambray ha sido preguntado por si la Conselleria d'Educació desobedece la sentencia que fijaba un porcentaje concreto de uso del castellano y se ha limitado a asegurar que "se da respuesta a la nueva normativa". Además, ha reflexionado sobre cómo la respuesta a la sentencia es "democrática" porque el decreto tendrá que ser convalidado por el Parlament. Este martes, el conseller ha añadido que el Govern actuará como "escudo legal y jurídico de los centros educativos" y que, si la justicia se dirige directamente a un centro educativo concreto para requerirlo a cumplir la sentencia, su departamento hará "de acompañamiento".
Ya se han enviado las instrucciones que tienen que seguir los centros educativos sobre el decreto ley. Son tres puntos que tienen como objetivo garantizar que el catalán es la lengua vehicular a las escuelas y dejar claro que Educació es quien se hace responsable de las consecuencias jurídicas. Las direcciones de los centros tienen treinta días para responder un formulario de siete preguntas que se deben contestar con un sí o un no. Son cuestiones relacionadas con el uso que se hace de la lengua catalana a cada centro, como "¿El proyecto lingüístico prevé que el catalán, como lengua propia de Catalunya, es la lengua normalmente utilizada como lengua vehicular y de aprendizaje?". Si una sola de las preguntas se responde con un no, querrá decir que el proyecto lingüístico no se adapta al decreto ley, de manera que el centro tendrá todo el próximo curso para adaptarse. En cambio, un sí a todas las preguntas traslada la responsabilidad al Departament d'Educación. Finalmente, se aboga para que tanto los docentes como la inspección del centro velen por el cumplimiento del proyecto.