El Departament de Drets Socials ha avisado este jueves de un reparto "injusto" del bono para los jóvenes destinado a alquiler social: del fondo que destina el Estado a esta prestación, Catalunya recibirá el 14,5%, mientras que el Govern detalla que el territorio reúne el 17% de la población joven de todo el Estado. Esta diferencia supone, según cálculos de la Conselleria, unos cinco millones menos que lo que finalmente percibirá Catalunya. Con esta partida, estiman que la ayuda llegará a unos 9.500 jóvenes. Si el reparto se ajustara a la proporción de juventud que tiene cada comunidad, el bono joven lo podrían recibir aproximadamente unas 1.500 personas más en Catalunya. La consellera de Drets Socials, Violant Cervera, ha reivindicado que esta ayuda "se tendría que poder gestionar de la Generalitat" y lamenta que no pueden introducir "ningún criterio en función de nuestras propias realidades territoriales" para la adjudicación de esta prestación.
Cervera ha detallado en una rueda de prensa que el mismo Estado "reconoce que los criterios establecidos no son los adecuados". Aunque ha precisado que se felicitan por la iniciativa, la califica de "insuficiente". Paralelamente, el secretario de Habitatge i Inclusió Social, Carles Sala, teme que pueda haber "más resoluciones negatorias que concesiones" por la falta de flexibilidad a la hora de poder plantear "requerimientos complementarios o la intensidad de la ayuda según la realidad territorial" de la persona solicitante. Con respecto al calendario en que se podrá pedir esta ayuda, desde el Departament de Drets Socials aseguran que no hay todavía plazos claros porque el Estado todavía tiene que convocar una nueva conferencia sectorial al respecto. El miércoles de la semana pasada se votó el reparto de estas ayudas. La Generalitat votó en contra.
18 desahucios diarios parados en Catalunya en el 2021
En la rueda de prensa, la Conselleria de Drets Socials ha presentado el balance de las actuaciones en materia de políticas sociales de vivienda en el 2021: desde la Agència de l'Habitatge, se evitaron un total de 6.478 desahucios el año pasado, lo que supone una media de 18 ejecuciones diarias evitadas en el país. Para hacerlo, la Generalitat destinó 14 millones de euros a estas ayudas urgentes. Por otra parte, también 66.610 familias recibieron ayudas ordinarias a través de varias líneas para poder pagar el alquiler. En este caso, la partida que desembolsó Drets Socials en el 2021 ascendió a los 125 millones de euros. Carles Sala, secretario de Habitatge i Inclusió Social, ha destacado que se trata del año en que "Catalunya ha destinado más dinero en políticas sociales de vivienda".
La consellera Cervera ha subrayado que Catalunya se encuentra en "emergencia habitacional" y ha reclamado al Estado que vuelva a prorrogar la moratoria de desahucios, que finaliza este 28 de febrero. Todavía sobre la moratoria, Sala ha tildado de "preocupante" el hecho de que pueda finalizar esta moratoria. Todavía sobre los desahucios, la titular del Departament de Drets Socials ha cargado contra el Gobierno por la ley de vivienda: "Es un escándalo que no haya ningún tipo de medida que haga referencia a los desahucios en esta normativa". Cervera también ha criticado la "invasión competencial" que supone esta ley y ha alertado de que "este sesgo recentralizador del Estado nos está haciendo daño porque podría poner en riesgo algunas de las políticas que estamos impulsando en esta materia". "El mundo inmobiliario necesita seguridad jurídica. La mayoría de las leyes que aprobamos en el Parlament están recurridas y las que aprueba el Estado son recentralizadoras", ha remachado Violant Cervera, situación que lleva a un "caos".