La Comisión de Venecia, el órgano consultivo del Consejo de Europa, ha completado su visita a España para preparar el informe que le encargó el Senado sobre la ley de amnistía. Casi como si se tratara de una gincana, la delegación de la Comisión ha estado recorriendo Madrid arriba y abajo para reunirse con diferentes actores políticos e instituciones para captar su posicionamiento sobre la proposición de ley. Ha sido una visita que se ha saldado con discreción y secretismo y sobre la cual ha habido muy poca información. Pocos datos y poca anticipación: “Nos han cogido todos desprevenidos porque estaba poco organizado”, reconoció ayer a la senadora de ERC Sara Bailach. Había diputados que tenían viajes programados para el jueves y tuvieron que suspenderlos a causa de esta visita.

La última cita de la Comisión de Venecia ha sido este viernes por la tarde, con un encuentro con la consellera de Acción Exterior y Unión Europea. La reunión, que fue un ofrecimiento del Govern, ha servido para que Meritxell Serret defendiera que la amnistía servirá para “avanzar en la resolución del conflicto político con el máximo de respeto a todas las partes y con encaje en todos los marcos legales estatales, europeos e internacionales”. El Govern considera que la ley es “necesaria” y tiene un redactado “sólido” porque es una herramienta “reconocida en todos los conflictos políticos” y es fruto de un “acuerdo muy amplio, de muchos partidos plurales”. “Es una ley singular, pero responde a un interés general”, ha remachado Serret.

El fiscal general del Estado y el TC explican su papel constitucional a la Comisión de Venecia

Este viernes, en la segunda jornada de su visita a España, la Comisión de Venecia también ha acudido a la Fiscalía, al Tribunal Constitucional y al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, les ha explicado “el papel del Ministerio Fiscal español en la preservación del estado de derecho”, según se ha limitado a exponer la institución a través de Twitter. Por su parte, el TC ha relatado en una nota de prensa que la reunión con el presidente del Alto Tribunal ha sido de “cortesía institucional” y ha servido para que Cándido Conde-Pumpido explicara cuáles son las competencias del Constitucional y cómo funciona el control constitucional que ejerce a posteriori de las leyes aprobadas. “No se ha planteado ninguna cuestión relativa al contenido o la tramitación” de la ley de amnistía y Conde-Pumpido ha dejado claro que “no puede, en el momento actual, hacer ningún pronunciamiento sobre cuestiones referidas a este asunto”, ya que la ley todavía no se ha aprobado y no se ha presentado ningún recurso. La delegación de la Comisión también se ha entrevistado con expertos constitucionales.

La Comisión de Venecia muestra “especial interés” por la reforma del Reglamento del Senado

El jueves por la tarde, la delegación de la Comisión de Venecia estaba citada en el Senado. Se reunió primero con el presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán, y posteriormente con los grupos parlamentarios, uno a uno y de mayor a menor. Por parte de Esquerra Republicana, Sara Bailach explicó que la Comisión había mostrado un “especial interés” sobre el proceso de reforma del Reglamento del Senado impulsada por el PP con el objetivo explícito de alargar la tramitación de la ley de amnistía, una modificación que Bailach alega que “no siguió los trámites habituales”. Al salir de la reunión, la republicana expresó la “inquietud” por el hecho de que las preguntas que la Mesa del Senado transmitió a la Comisión de Venecia eran “sesgadas” y no fueron consultadas con el resto de grupos parlamentarios. “Esperamos que el informe de la Comisión de Venecia corrobore que la ley de amnistía cumple plenamente con los estándares democráticos y europeos, porque estamos convencidos de que es así, y con los criterios que la Comisión de Venecia ha marcado por otros casos”, como el de Georgia.

Desde Junts per Catalunya, Teresa Pallarès relató al salir de la reunión que había expuesto que el independentismo ha sido siempre un “movimiento pacífico, democrático y amparado por el derecho internacional” y que la amnistía es ahora una “oportunidad histórica para resolver un conflicto político dentro del ámbito político y no con injerencias judiciales”. “Les he empezado diciendo que somos el partido del presidente Carles Puigdemont y que Junts tiene un especial protagonismo en la ley de amnistía”, señaló la senadora juntaire.

Junts, ERC y el PSOE reivindican en el Congreso la idoneidad de la amnistía

En la reunión que mantuvo la Comisión de Venecia con la Comisión de Justicia del Congreso, los partidos independentistas y el PSOE defendieron y argumentaron jurídica y políticamente la amnistía. Desde de ERC, Pilar Vallugera expuso a la salida de la reunión que la Comisión está “preocupada sobre todo por temas de separación de poderes” y sobre si “se han cumplido los procedimientos”. Para la diputada republicana, “ha quedado claro que la amnistía no ha afectado a la separación de poderes”. Josep Maria Cervera, diputado de Junts, hizo una “exposición muy política” para explicar “el origen del conflicto político” y defender la necesidad de “salir de la represión y seguir negociando la resolución del conflicto sin ninguna amenaza”. Desde el Grupo Socialista, Francisco Aranda, expuso que la ley de amnistía no implica “ninguna merma de derechos ni de garantías” y es “sólida, impecable, conveniente y totalmente ajustada a derecho”.

La visita había empezado con un encuentro con Félix Bolaños. Desde el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, sostuvieron que habíoa sido “una gran oportunidad” para explicar la importancia de la amnistía con el objetivo de abrir “una nueva etapa de acuerdo” y la “plena conformidad” de la ley con la Constitución, el Derecho de la Unión Europea y los principios del derecho internacional.

Tres de las cuatro de las asociaciones de jueces expresan su rechazo a la amnistía

La Comisión de Venecia también se reunió con el presidente interino del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, y con las cuatro asociaciones judiciales. La Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente expresaron su oposición frontal a la ley de amnistía argumentando que afecta a la independencia judicial y conculca el principio de igualdad y la separación de poderes. Por su parte, Juezas y Jueces para la Democracia no posicionaron “ni a favor ni en contra” de una proposición de ley que “ni siquiera ha sido aprobada y que, hoy por hoy, no se sabe si se aprobará o qué contenido acabará teniendo”.