El Govern mantiene la hoja de ruta, tal como la había dibujado. Seguirá convocando la cumbre del día 23 de diciembre sobre el referéndum, aunque ayer se confirmó que el Tribunal Constitucional ha anulado el punto 7 de la resolución aprobada en el Parlament después del debate de política general, donde se fijaba esta cita. El TC también ha anulado el punto 13 de aquella resolución, que se refiere al compromiso de incorporar en los presupuestos de 2017 los recursos financieros necesarios para cumplir el proceso, y todos los puntos restantes referidos al referendum y al procés constituent.

El ejecutivo seguirá adelante y lo hará manteniendo el argumentario de legalidad con que intenta sostener todos sus movimientos. En esta situación, aporta una inesperada ayuda la resolución de CSQP sobre un referéndum acordado, aprobada con el apoyo de JxSí y la CUP también después del debate de política general. Aquella resolución no fue recurrida por el Consejo de Ministros, por lo que sigue totalmente vigente.

De entrada, la iniciativa de CSQP servirá para avalar la cumbre del día 23 después que el TC ha anulado el punto séptimo de la resolución, que insta al Govern a "convocar inmediatamente una cumbre de todas las fuerzas políticas y sociales favorables al derecho a la autodeterminación, con el fin de trabajar políticamente en la definición y firmeza de la convocatoria del referéndum".

Impulsar iniciativas

Frente a éste, el primer punto de la propuesta de CSQP reclama "impulsar" iniciativas que permitan agrupar en torno a la exigencia de la celebración de un referéndum "el mayor número de fuerzas políticas, organizaciones sindicales y sociales, movimientos y entidades vecinales y sociales". Cae el punto séptimo pero toma el relevo el primero de CSQP. Y así sucesivamente, dado que aquella resolución, que las fuerzas independentistas votaron con el objetivo de recuperar la mayoría en torno al derecho a decidir y a un referéndum acordado, aporta ahora la cobertura necesaria a la que apelar.

La propuesta de CSQP aún abre más el paraguas cuando el Parlament "anima y hace suyos todos los esfuerzos encaminados a la celebración de un referéndum". De hecho, es también la posibilidad de un referéndum acordado la que esgrime el ejecutivo para defender la disposición adicional número 31 de los presupuestos donde se establece que "el Govern, dentro de las disponibilidades presupuestarias para 2017, tiene que habilitar las partidas para garantizar los recursos necesarios en materia de organización y gestión para hacer frente al proceso refrendario sobre el futuro político de Catalunya en el marco de la legislación vigente en el momento de su convocatoria".

Operación Diálogo

La resolución del Constitucional servirá igualmente al Govern para poner en cuestión una vez más el alcance real de la llamada Operación Diálogo que impulsa el nuevo gabinete de Mariano Rajoy. Será justo la misma semana en que se prepara una movilización muy importante en la calle a raíz de la declaración de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, delante del TSJC por la votación en el pleno de las conclusiones de la comisión de estudio del Procés Constituent.

El Constitucional, además de suspender cautelarmente la resolución hasta que el tribunal de garantías se pronuncie sobre el asunto, también ha hecho llegar una notificación personal a Forcadell, a la Mesa del Parlament, al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, y al resto de miembros del Govern para advertirles que tienen que parar cualquier iniciativa que pase por alto la suspensión aplicada. En el caso de no cumplir con esta obligación, podrían tener que enfrentarse a consecuencias, incluida la vía penal, advierte el TC.