El Govern que lidera Salvador Illa y los Comuns han pactado una mesa de vivienda en el marco de las negociaciones para sacar adelante los presupuestos de la Generalitat para el 2025. Tal como ha adelantado El Periódico, la consellera de Economia, Alícia Romero, se ha reunido este jueves por la tarde con un equipo de los Comuns y han pactado una mesa específica para abordar qué incluyen las próximas cuentas públicas de Catalunya de lo que se pactó en materia de vivienda en el acuerdo de investidura del presidente socialista.

En un contexto de minoría parlamentaria, el Ejecutivo socialista depende de sus socios preferentes, Esquerra Republicana y los Comuns, para sacar adelante las cuentas públicas. La coyuntura en ERC, sin embargo, es más complicada, dado que los republicanos se encuentran inmersos en la lucha interna por el liderazgo del partido, que se resolverá en el congreso de este noviembre. Eso puede retrasar las negociaciones, si bien la intención manifiesta o reiterada de Illa es tener las cuentas aprobadas para el 1 de enero.

En el contexto de crisis social en el acceso a la vivienda, que afecta especialmente Catalunya, la reunión entre el Govern y los Comuns tiene lugar después del anuncio del Plan de Vivienda que el Ejecutivo de Salvador Illa ha hecho esta semana con una inversión prevista de 1.100 millones de euros anuales durante cuatro años. Tal como ha explicado la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, el dinero se ofrecerán a través de una línea especial de crédito a través del Institut Català de Finances y tienen como objeto el mercado inmobiliario de segunda mano.

Los Comuns, sin embargo, para los que la vivienda ha sido una prioridad en esta nueva legislatura, han pedido al Ejecutivo que abra también el abanico de posibilidades a los recursos propios a través del Incasòl, y no solo en la vía del crédito. Los de Jéssica Albiach quieren que los programas de vivienda crezcan con respecto a lo que estipulaban los presupuestos del Govern de ERC de 2023 y también los de 2024 que Pere Aragonès no consiguió sacar adelante, y marca un tope de 15.000 pisos que tendría que asumir la empresa pública.

En el marco de la investidura de Illa, PSC y los Comuns pactaron el compromiso para la construcción de 50.000 pisos protegidos nuevos hasta el 2030, 350 millones de euros para ampliar el parque público de alquiler en 5.000 viviendas mediante la compra por tanteo y retracto, la regulación de los alquileres de temporada o desplegar el régimen sancionador por el incumplimiento de la regulación del precio de los alquileres vigente.

Paneque ha asegurado este miércoles en sede parlamentaria que el Govern será "contundente y persistente" para garantizar el acceso a la vivienda. En el pleno del Parlament, la consellera ha respondido tres interpelaciones sobre vivienda, de los grupos del PSC-Units, ERC y Comunes, y ha concretado que "en las próximas semanas" presentarán el régimen sancionador previsto a la ley de vivienda para los que incumplan la regulación que limita el precio de los alquileres o cometan un fraude con el alquiler de temporada.

Sobre el régimen sancionador de la ley de vivienda, además adelantó que en las próximas semanas se dará a conocer y que utilizarán como base el que elaboró el anterior Govern de Pere Aragonès. Paneque confía en que se pueda aprobar con "un amplio consenso de país", que vaya más allá de los socios de investidura. Además, ha asegurado que el Govern está "totalmente comprometido" a desplegar una campaña institucional informativa sobre los derechos de los arrendatarios, que se presentará pronto, y ha indicado que en esta cuestión también darán continuidad a los trabajos iniciados por el anterior ejecutivo.