El Parlament de Catalunya ha convalidado otro decreto ley del Govern de Salvador Illa. Si el ejecutivo ha conseguido sacar adelante este miércoles el de medidas urgentes en materia de vivienda y urbanismo después del acuerdo de PSC con ERC, Comuns y CUP, el Go verntambién ha sacado adelante el decreto sobre las medidas urgentes en materia de contratación pública. Concretamente, el ejecutivo busca acelerar la ejecución de obra pública y favorecer la participación de las pequeñas y medianas empresas en los contratos promovidos por la Administración. Entre otros aspectos, el texto modifica los umbrales para encargar los contratos de obras a la empresa Infraestructures.cat, de manera que, salvo excepciones, los departamentos de la Generalitat podrán adjudicar directamente los contratos de obras con un valor estimado de hasta 15 millones de euros, en lugar de los 2 millones actuales.
Para contratos de infraestructuras e instalaciones de energías renovables, el umbral se sitúa en los 2 millones. El decreto también refuerza la obligación de dividir los contratos en lotes, para fomentar la participación de las pequeñas y medianas empresas, y abre la puerta para que las empresas subcontratadas cobren directamente de la Generalitat en determinados supuestos en caso de demora en el pago por parte de la adjudicataria. Esta vez, por eso, no se tramitará como proyecto de ley y ha salido adelante con los 68 votos de los socios de investidura (PSC, ERC, Comuns); las cuatro abstenciones de la CUP; y los 61 votos en contra de Junts, PP, Vox y Aliança Catalana.
Reducción de burocracia
Durante su intervención, la consellera de Economía, Alícia Romero, ha explicado que el decreto surge de las quejas que los grupos y los agentes sociales plantean en torno a "la excesiva burocracia administrativa" y las deficiencias de la administración en términos de contratación pública. Así, ha apuntado que la nueva norma hará que la contratación sea "más ágil y eficiente", un hecho que permitirá "reactivar la economía".
Durante el debate, Junts se ha mostrado en contra del decreto y ha acusado al ejecutivo de presentarlo "sin haber acordado nada con el sector". De hecho, el diputado Joan Canadell ha exigido tramitarlo como proyecto de ley para poder aportar las enmiendas de los grupos y de los sectores afectados. Al mismo tiempo, Canadell ha criticado que el decreto presentado "trincha" la ley de arquitectura que lideró su partido en el 2017. En cambio, el diputado de ERC Albert Salvadó se ha mostrado a favor de la propuesta y ha asegurado que su partido "no caerá en el oportunismo" y dará apoyo al decreto. El republicano ha dicho que la nueva norma permitirá afrontar las urgencias actuales de contratación "con licitaciones adecuadas" y que el Govern tendrá más herramientas para "acelerar" los procesos.
Junts, Vox, PPC y la CUP reprochan que se haya tramitado como decreto
El PP también se ha quejado de que se haya tramitado como decreto ley y han propuesto una serie de medidas que su partido añadiría para fomentar la participación de las pymes, como ampliar el plazo de presentación de ofertas o que haya una mayor publicidad y transparencia de las licitaciones. En cambio, los Comuns han defendido el contenido de la ley, especialmente porque ha sido hablada, según ha matizado el diputado David Cid, con Pimec. "Es un buen decreto que ayuda en la pequeña y la mediana empresa", ha garantizado Cid, que ha aprovechado la ocasión para reprochar a Junts que su partido "solo ayuda las grandes empresas.
Los Comuns han defendido el contenido de la ley, especialmente porque ha sido hablada, según ha matizado el diputado David Cid, con Pimec. "Es un buen decreto que ayuda en la pequeña y la mediana empresa", ha garantizado Cid, que ha aprovechado la ocasión para reprochar a Junts que su partido "solo ayuda las grandes empresas. La CUP también ha pedido tramitar el decreto como proyecto de ley para poder discutirlo a la cámara. Laure Vega ha admitido que su grupo está de acuerdo con gran parte del redactado, pero que "habría sido un buen momento para ir más allá", y que el decreto habría podido incluir medidas para no promover el fraude por parte de determinadas maneras.