El conseller de Treball i Afers Socials, Chakir el Homrani, ha cargado contra el plan del gobierno español Me Cuida porque obliga a pedir permisos al familiar que tenga el sueldo más bajo si hay que cuidar a un hijo o hija por situación de cuarentena. Y eso, como ha remarcado el conseller, contribuye a "ensanchar la brecha salarial, porque la mujer sigue siendo quien menos cobra" por estadísticas. Además, es la empresa quien tiene que conceder o no la baja y en situaciones así hace falta "un aislamiento inmediato". Por estas circunstancias y otras, como no tener en cuenta el problema de las familias monoparentales, el gobierno catalán pone en marcha un apoyo complementario.

En este caso, la Generalitat destina una ayuda de 10 millones de euros para familias con vulnerabilidad social o precariedad económica que no puedan acceder a resolver la situación que tienen, con contratos intermitentes o de corta duración, sin acceso a la baja por incapacidad temporal, entre otras situaciones. Todo, se traduce en ayudas de 300 euros por cuarentena que cada familia sufra. Esta primera dotación se espera que llegue a 33.000 familias catalanas. En una rueda de prensa conjunta de las conselleries de Treball, Educació y Salut, se ha destacado la voluntad de dar la espalda a la sociedad catalana, aunque han recordado que las competencias y la caja las sigue teniendo el gobierno de Pedro Sánchez y piden que no den la espalda "al reto que tienen".

Por su parte, la consellera de Salut, Alba Vergés, exige que las cuarentenas se puedan cumplir pero también garantizar los derechos de los niños y exige acabar con "el miedo" a no pedir los derechos laborales que padres y madres tienen pensando que pueden perder el trabajo si reivindican su baja. La propuesta del Govern es aplicar el mismo criterio que las personas que sufran un confinamiento perimetral a los padres y madres que se encuentren en dicha situación. El documento se trasladará a los cuatro ministerios españoles encargados de la gestión: Sanidad, Educación, Trabajo y Seguridad Social e Inclusión. Los consellers exigen modificar el real decreto ley y que se incluyan estas bajas con carácter ordinario. El Homrani recuerda que este decreto ya se ha modificado tres veces y por lo tanto es variable.

En la rueda de prensa también ha participado el conseller de Educació, Josep Bargalló, y ha matizado las condiciones. Las escuelas pueden no tener actividad lectiva si hay un confinamiento perimetral del barrio donde se encuentra situada la escuela, aunque las cocinas siempre estarían abiertas y cocinarían comida para dar el servicio necesario de alimentación. También añade: "El lunes cada centro recibirá [la información sobre] cuál es su personal sanitario de referencia". 

El Govern pone el acento sobre todo en las familias más vulnerables, pero aseguran que son "muy conscientes" de que las afectaciones pueden llegar a 3,5 millones de trabajadoras y trabajadores activos. El conseller de Treball recuerda que si se prevén estas medidas se pueden evitar situaciones de ERTE o "activar el servicio del SEPE", con grandes carencias administrativas, o ahorrarse el ingreso mínimo vital. Vergés también ha insistido en la responsabilidad que tiene el Estado: "Si no quieren asumir responsabilidades, que traspasen todos los recursos y competencias".