El decreto de convocatoria de las elecciones del 14-F que firmó el pasado 22 de diciembre el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ya contempla la posibilidad de que a raíz de la situación epidemiológica provocada por el coronavirus fuera necesario aplazar los comicios.

Este decreto no recibió ningún tipo de impugnación, por lo cual se convierte en uno de los puntos en que se fundamenta jurídicamente la capacidad del Govern para aplazar los comicios.

El texto establecía que "si por razones derivadas de la protección del derecho a la salud frente a la situación de emergencia sanitaria provocada por la pandemia generada por la Covid-19, el desarrollo del proceso electoral no se pudiera llevar a cabo con las garantías de salud pública necesarias, se podrá dejar sin efectos esta convocatoria y postponer la votación para una fecha posterior a que sí las ofrezca".

 

Junto con este blindaje que ofrece el decreto, el Govern se ampara en los precedentes establecidos por Euskadi y Galicia que el pasado mes de abril aplazaron sus elecciones a raíz de la situación de la Covid. En ambos casos fue el presidente del gobierno el que, después de acordar la decisión con los grupos de los respectivos parlamentos, acordó el aplazamiento. Semanas más tarde se fijó la nueva fecha con el plazo de 54 días que imponer la ley.

Por otra parte, el pasado 17 de septiembre la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat ya emitió un informe en que señalaba que el voto es un derecho fundamental que no se puede prohibir ni limitar, tampoco en situaciones excepcionales como es una crisis sanitaria o pandemia.

No obstante, añadía que "en caso de insuficiencia de las medidas adoptadas con el fin de garantizar el pleno ejercicio del derecho de voto al electorado en condiciones de libertad e igualdad y propiamente garantizaba de este, con la adecuada motivación y con la afectación mínima imprescindible de la periodicidad de las elecciones o del deber de celebrarlas, la Generalitat de Catalunya puede proceder al aplazamiento o, si procede, a la suspensión de las elecciones en los términos indicados en el Dictamen".

 

Todo ello tiene que servir de argumentario a los servicios jurídicos del Govern para argumentar y defender la decisión de aplazar los comicios si es que así se acaba acordando a la vista de los datos de la Covid.

El Govern es consciente de la posibilidad que un aplazamiento no acordado con todos los partidos pueda provocar un recurso, tal como apuntó al PSC durante la reunión de partidos del lunes pasado. Precisamente, esta mañana ha sido el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, el que se ha posicionado en contra del aplazamiento y ha advertido que sería una decisión "grave" para la democracia.

Este mediodía el Govern ha aportado a la mesa de partidos el nuevo informe sobre la situación epidemiológica en que se tendría que basar un cambio de fecha. Mañana al mediodía se volverá a reunir esta mesa para intentar cerrar un acuerdo. En caso de que el Govern decida cambiar el calendario electoral, con o sin acuerdo de los partidos, celebrará una reunión extraordinaria el mismo viernes y el vicepresidente firmará un nuevo decreto para el aplazamiento de los comicios.