El Govern de la Generalitat defiende delante del Tribunal de Cuentas que negar a Catalunya el derecho a organizar o participar en debates internacionales sobre el procés político equivale a "vulnerar los derechos fundamentales" y que viajar para explicar Catalunya en el mundo no se puede considerar como un mal uso del dinero público.

En sus alegaciones en el informe preliminar de la fiscalía del órgano fiscalizador, en las cuales ha tenido acceso la ACN, el Departamento de Acción Exterior asegura que no hay "ni una tacha de irregularidad o ilegalidad susceptible de ser controlada por el Tribunal de Cuentas en las actividades que incluyen actos de debate sobre el procés soberanista".

A las alegaciones, que fuentes de Exteriores consideran que difícilmente se contemplarán en el informe que el pleno del Tribunal de Cuentas tiene previsto aprobar el jueves, el Gobierno defiende "que debatir no es un interés privado". "No se entiende que el Tribunal de Cuentas olvide la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el alcance de los derechos fundamentales por considerar, sin más argumentación que el hecho de participar en debates públicos sobre temas controvertidos implica, automáticamente, derivar fondos públicos a finalidades privadas", insiste el Gobierno.

En este sentido, el argumentario de Exteriores insiste en que la participación en debates o el encargo de estudios son actividades con que cualquier administración puede ejercer sus competencias. "Impedir que las administraciones debatan o encarguen estudios es tanto como liquidar su propia esencia", afirma.

El Estado también ha participado en los debates del procés

Además, lamenta que la fiscalía "dé a entender que sólo se puede participar en debates públicos en caso de defender una postura que considera adecuada". "Es necesario recordar que también ministros del Gobierno han participado en foros internacionales defendiendo el posicionamiento del Estado español, foros en que los temas de debate también han sido, precisamente, el procés soberanista", defiende Exteriores en sus alegaciones.

"No se entendería porque en unos casos estos debates no se pueden realizar y, en otros casos, sí. Con eso, se da a entender que únicamente se puede participar en debates públicos en caso de defender una postura que el Tribunal de Cuentas considera adecuada", añade el Gobierno.

Exteriores niega falta de lealtad

Las alegaciones de Exteriores también niegan que la actividad de las delegaciones o la participación del Gobierno en debates sobre el procés en el extranjero pueda considerarse como una falta de "lealtad institucional".

"La divergencia de opiniones no significa vulnerar ninguna norma", asegura el documento, afirmando que "la lealtad institucional no puede ser sinónimo de sumisión ideológica o uniformidad de pensamiento". Así, afirma que según la jurisprudencia del TC, la lealtad implica que las comunidades no bloqueen las competencias estatales. "En el caso de la acción exterior de la Generalitat, en ningún momento se ha bloqueado o impedido el ejercicio de competencias por parte del Estado", dice el texto, que remarca que el Tribunal de Cuentas "no ha encontrado ni un solo ejemplo o supuesto" en esta línea.

El Gobierno también asegura en sus alegaciones que siente "indefensión absoluta" ante las afirmaciones del Tribunal de Cuentas, que en el informe preliminar aseguraba que las delegaciones "han realizado y financiado todo tipo de actividades o gastos sin limitaciones". "No se detallan ni qué actividades ni qué gastos, ni qué limitaciones han faltado", lamenta Exteriores.

La conselleria también expresa "perplejidad" porque el Tribunal de Cuentas "por una parte afirma que se han hecho y financiado todo tipo de actividades y gastos mientras que, en otras conclusiones, expone afirmaciones en el sentido contrario", asegurando que se han hecho un número "limitado" de actividades y que el gasto en acontecimientos es "la parte cuantitativamente menos importante".

A las alegaciones, el Govern critica que el Tribunal de Cuentas cifre en 275.925 euros las actividades para la "promoción o desarrollo del procés secesionista", e incluya debates con "títulos tan poco sospechosos como Cuál es el futuro de Catalunya, o la creación de un grupo de amistad Suïssa-Catalunya, la proyección de películas, entrevistas con periodistas o la participación en debates públicos y conferencias". "En muchos casos, la presencia de la administración es la respuesta a invitaciones o iniciativas de otras instancias", indica Exteriores, citando por ejemplo un debate en la facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Sorbonne de París donde asistió el conseller de Exteriores, Raül Romeva.

"Es más que evidente que la verdadera finalidad de la tarea fiscalizadora del Tribunal ha sido cuestionar que se pueda debatir o facilitar información sobre el llamado procés soberanista", concluye el Govern . El próximo jueves 28 de septiembre, el Tribunal de Cuentas votará el informe de la fiscalía de este órgano sobre el gasto del Departamento de Acción Exterior entre el 2011 y el 2017. Según El País, el dinero bajo sospecha supera los 7,3 millones de euros.