La decisión final sobre si se aplazan o no las elecciones y, en caso de que fuera así, sobre la nueva fecha de los comicios corresponde al Govern y así lo ha recordado la consellera de Presidencia, Meritxell Budó, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell Executiu. No obstante, la portavoz ha asegurado que mantienen la voluntad de escuchar a los partidos y consensuar con ellos el escenario electoral.
La previsión es que este viernes se adopte una decisión definitiva al respecto. Previamente habrá el jueves una reunión de la mesa de partidos para analizar los últimos datos sobre la evolución epidemiológica y una nueva reunión el viernes, donde se intentaría un acuerdo aunque, según Budó, el Govern no planteará ninguna propuesta concreta. En caso de que no se consensúe la respuesta, será el propio Govern quien lo decidirá en una reunión extraordinaria del Consell Executiu el mismo viernes. Posteriormente, el vicepresident, Pere Aragonès, firmaría el decreto de aplazamiento de las elecciones, en caso de que así se decida, que incluiría la fecha de la nueva convocatoria.
Sobre las reticencias expresadas por formaciones como el PSC ante la posibilidad de un aplazamiento Budó, ha replicado en que la decisión final depende del Govern. "Al igual que se hizo en el País Vasco y Galicia", ha insistido en repetidas ocasiones.
El hecho, sin embargo, es que tanto en Galicia como en el País Vasco, las elecciones previstas para el pasado 5 de abril, en pleno confinamiento, se aplazaron con un acuerdo unánime de los respectivos gobiernos con todos los partidos. A diferencia de lo que propone el Govern, la nueva fecha se decidió con posterioridad.
Por el contrario, la reunión de los partidos del Parlament que se celebró el lunes sirvió para constatar las diferencias con las formaciones que apuestan para mantener los comicios, en particular con el PSC y PP, que llegaron a apuntar la posibilidad que una decisión no consensuada del Govern dé pie a un recurso.
Decisión definitiva
Lo que sí que ha dejado claro Budó, de acuerdo con lo que se reclamó este lunes en la reunión de partidos, es que la decisión que se tome el viernes será la definitiva e inamovible, tanto si se aplazan los comicios como si se mantiene el calendario.
La consellera no ha querido avanzar escenarios, aunque ha insistido una vez y otra que la decisión se tiene que adoptar en función de los datos, garantizando el derecho a la participación política, el derecho al voto y el derecho a la salud de los electores.
La reunión de Gobierno de hoy ha debatido sobre el aplazamiento de las elecciones / Rubén Moreno
Los datos obligan a reflexionar
En este contexto, ha subrayado la dificultad actual provocada por la situación epidemiológica, en plena tercera ola, con lo cual ha abonado la idea de que el 14-F cuelga de un hilo. "Estamos en una situación grave. Con unos datos que nos tienen que hacer reflexionar. Estamos en un escenario incierto", ha concluido para pronosticar que todo apunta que la situación el 29 de enero no será mejor.
De hecho, los miembros del Govern han protagonizado en la reunión de hoy un amplio debate sobre la posibilidad de aplazar la convocatoria. Y no sólo eso sino también sobre la conveniencia de que el ejecutivo no se limite a exponer los datos a los partidos sino que traslade una propuesta concreta sobre el calendario electoral. Aunque JxCat apostaba por este planteamiento, finalmente se ha desestimado.
Propuesta de Salud y Exteriores
Budó ha apuntado, sin embargo, que aunque el Govern no llevará una propuesta concreta a la reunión de partidos del jueves y el viernes, sí sería conveniente que desde el Departamento de Salut y el departamento de Exteriors, responsable de los procesos electorales, los dos en manos de consellers de ERC, se plantearan los escenarios para adoptar una decisión.
Incluso ha planteado la conveniencia de que los expertos de Salud planteen cuál sería el mejor momento para la nueva convocatoria, en caso de aplazamiento, dado que se tendría que situar en un momento en que la oleada epidemiológica "fuera de bajada".
El conseller de Exteriores, Bernat Solé, en el Patio de los Naranjos
Por otra parte, durante la rueda de prensa el Gobierno ha reclamado al ejecutivo español que se decrete la obligatoriedad del teletrabajo, lo cual permitiría mejorar los datos epidemiológicos y "la movilización de recursos económicos para todos aquellos sectores afectados por la crisis sanitaria".
En la imagen principal, la consellera Meritxell Budó y el vicepresidente Pere Aragonès, antes de la reunión de Gobierno / Rubén Moreno