La Generalitat, las administraciones locales y Endesa han llegado a un acuerdo para hacer frente a la pobreza energética. Los acuerdos culminan el trabajo de la Generalitat, las diputaciones, las entidades municipalistas, el Ayuntamiento de Barcelona, el Àrea Metropolitana de Barcelona y las entidades sociales para solucionar la deuda que acumulan miles de familias vulnerables en el país y proteger sus derechos de cara al futuro.
Entre los representantes de las administraciones que han firmado el acuerdo hay los consellers de Treball i Afers Socials, Chakir el Homrani, y de Empresa, Ramon Tremosa, y la teniente de alcalde de Derechos Sociales, Laura Pérez.
Según estos acuerdos, se perdonarán las facturas de las familias que no pueden pagar la luz de sus hogares y las pagarán Endesa, la Generalitat y otros entes supramunicipales.
En el 2015 se aprobó la ley de pobreza energética para garantizar el acceso universal a los servicios básicos, sin embargo, muchos hogares seguían quedándose sin luz, gas o agua. Con este acuerdo, se pretende resolver la deuda que acumulan miles de familias vulnerables.
35.000 familias
Con este acuerdo se perdona la deuda de 35.000 familias; la deuda es de 38,7 millones de euros. En rueda de prensa, el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, ha dicho que este era un "objetivo de legislatura" y que el acuerdo contempla que las situaciones de vulnerabilidad energética no se repitan ni se acuda a la vía judicial para reclamar la deuda.
La compañía eléctrica asumirá toda la deuda de 2015 a 2018 y la mitad de al generada de 2019 a 2020. La otra mitad de la deuda generada de 2019 a 2020 la asumirán las administraciones; un 75% la Generalitat y la otra mitad las administraciones supramunicipales.
El acuerdo supone la regulación, por primera vez, de la aplicación de la Ley 24/2015 de medidas urgentes para hacer frente a la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, que impide la interrupción de los suministros energéticos a las familias vulnerables.
Para el conseller El Homrani, este "es un buen acuerdo que pone las personas al centro de la acción política" y que "acaba con una situación de indefinición" ya que la falta de convenio no permitía aplicar la Ley 24/2015. Tremosa, por su parte, ha destacado la importancia de "la desjudicialización" de estas situaciones de deuda asegurando que "si hay algún caso que ha tenido ya el juicio que no se tiene que preocupar, se llegará a un acuerdo y se eliminará la deuda".
Foto principal: Una mujer que sufre pobreza energética en su hogar / EFE