El Govern se plantea pasar en la acción. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reaccionado a las polémicas palabras del excomisario José Manuel Villarejo y ha pedido "a los servicios jurídicos de la Generalitat que estudien estas declaraciones y las acciones legales pertinentes que se puedan emprender". "Por la verdad. Por las víctimas, por los catalanes y catalanas y por todos los que estamos del lado de la paz y la democracia", ha añadido Aragonès en un tuit este martes.
Villarejo ha acusado al CNI de cometer un error grave con los atentados de agosto del 2017 en Barcelona y Cambrils. En este sentido, ha apuntado directamente a quien entonces era el director del Centro Nacional de inteligencia (CNI); Félix Sanz Roldán, que "calculó mal las consecuencias para dar un pequeño susto en Catalunya" los días previos al referéndum del 1-O. Asimismo, ha asegurado que colaboró con la inteligencia española para "intentar arreglar el enredo" generado por "el atentado del imán de Ripoll".
A raíz de estas palabras, el president también ha exigido una investigación sobre la vinculación entre el CNI y los atentados del 17-A que ha señalado este martes al excomisario José Manuel Villarejo. "Si las palabras de Villarejo son ciertas, hacen falta explicaciones ya. Conocemos bien como funcionan las cloacas del Estado, por eso exigimos que se investigue con el fin de aclarar la verdad", ha manifestado en Twitter.
En esta línea ha actuado su partido esta tarde del martes. ERC ya ha presentado tres solicitudes de comparecencia al Congreso de los Diputados para intentar aclarar lo que pasó el 17-A. Así lo ha anunciado en las redes sociales el portavoz republicano, Gabriel Rufián, que ha concretado que la formación ha pedido explicaciones a tres personas diferentes: el exdirector del CNI, el mencionado Félix Sanz Roldán; el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; y el actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Y es que según quién fue el conseller de Interior durante los atentados, Joaquim Forn, hay que aclarar los hechos. "¿Qué piensa hacer la Fiscalía? ¿Silbar como ha hecho el Congreso de los Diputados? Tenemos derecho a saber la verdad", ha escrito Forn en las redes sociales después de conocer las palabras del policía jubilado.
Esta insistencia de la plana política catalana al aclarar lo que pasó el 17 de agosto del 2017 y el posible vínculo entre el CNI y el imán de Ripoll tiene que ver con el oscurantismo del Estado. Así lo ha señalado la presidenta del Parlament, Laura Borràs, que ha acusado a las autoridades judiciales y políticas españolas de ocultar información. "Ocultar información bajo la premisa del secreto oficial no aporta credibilidad, al contrario, desacredita", ha apuntado en un tuit.