El Govern reclama al Estado que abra una comisión de investigación sobre los atentados terroristas del 17 de agosto del 2017 en Catalunya y exige que se modifique la ley de secretos oficiales para reducir los plazos de duración de una materia como secreta o reservada. Así se señala en un acuerdo que ha aprobar este mediodía el Consell Executivo a raíz de las declaraciones del excomisario José Manuel Villarejo en que aseguraba que el CNI tenía información sobre los atentados pero no actuó para dar "un pequeño susto a Catalunya".
A instancias de la conselleria de Justicia, que encabeza Lourdes Ciuró, el Consell Executiu ha aprobado un acuerdo de tres puntos en qué además de reclamar que se abra la comisión de investigación sobre los atentados, insta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que informe al president de la Generalitat, Pere Aragonès, en el marco de las reuniones bilaterales entre el Estado y la Generalitat de las actuaciones que se han iniciado o se pongan en marcha sobre este tema.
Ley de secretos
Asimismo, el tercer punto del acuerdo exige que la modificación de la ley de secretos oficiales para reducir la duración de una materia secreta reconozca "expresamente" la facultad del Congreso y el Senado y de los tribunales "de tener acceso a la información que consideren necesario reclamar".
El Govern considera que las declaraciones de Villarejo son "muy graves" y no puede haber "ninguna sombra de duda sobre el papel del Estado en los atentados". "Sin perder de vista el poco valor de las declaraciones de Villarejo tampoco es bueno que se mantenga sombras duda", ha advertido a la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell Executiu, donde ha advertido que el Gobierno tendría que ser el primer interesado en desvanecer dudas sobre este tema.
El excomisario aseguró que el CNI sabía e incluso había colaborado con el imán de Ripoll y jefe de la célula islamista que perpetró los atentados del verano del 2017, Abdelbaki Es Satty. Villarejo aseguró que "se quería dar un pequeño susto a Catalunya", pero el CNI "calculó mal las consecuencias".
En relación a la polémica sobre el pago de sueldos a trabajadores del Parlament jubilados, la portavoz se ha limitado ha señalar que no corresponde al Govern este tema.