La consellera de Justicia, Lourdes Ciuró, ha asegurado este miércoles en el Pleno del Parlament que exigirán que "los profesionales del ámbito judicial que trabajan en Catalunya tengan que tener, como mínimo, el nivel C1 de catalán". Además, ha afirmado que este requisito "no es nuevo" porque, según ha manifestado, en el País Valencià "ya está concedido". En este sentido, ha defendido que hace falta pasar del B2 que ahora se pide y equipararse al nivel que tienen los estudiantes cuando acaban la escolarización. Ciuró también ha explicado que, en cuatro años, se convocarán 200 becas anuales para jueces y fiscales con un valor similar al del salario mínimo interprofesional y con la voluntad de facilitar que puedan ejercer en Catalunya, ganar en estabilidad en las plantillas, donde ahora hay bastantes vacantes, y que conozcan la lengua. Ciuró también ha anunciado que se incorporarán las iniciativas externas que se acuerden en la mesa de trabajo del Pacto Nacional de la Justicia, que se quiere formar pronto.
En la sesión de control en el Govern en el Parlament, la consellera Ciuró ha detallado el plan de fomento del catalán en la Administración de Justicia en respuesta una pregunta del diputado de JxCat Francesc de Dalmases. Según ha afirmado Ciuró, Catalunya se encuentra "en una situación de emergencia" con respecto al uso del catalán en el ámbito judicial y ha defendido hacer un "uso normal y normalizado" de la lengua. Así, ha anunciado que una de las medidas que tomarán para mejorar la situación del catalán, será exigir que los profesionales que actúan en Catalunya tengan como mínimo el C1. Actualmente, para ejercer en la carrera judicial en Catalunya se considera un mérito y no un requisito saber la lengua propia. Hace años que el Govern quiere revertir esta medida, ya que la Administración de Justicia, donde hay funcionarios estatales, es la que menos uso se hace del catalán, desde los funcionarios a la ciudadanía.
Plan para fomentar la lengua
Precisamente, la consellera de Justicia presentó recientemente la diagnosis sobre el uso del catalán a la Administración de Justicia, realizado por profesionales del Departament de Justicia y las medidas para reactivarlo. En concreto, se indica que más de la mitad de los profesionales de los cuerpos de gestores, tramitadors, auxilio judiciales y médicos forenses (que suman cerca de 8.000 profesionales) "tienen un nivel de lengua catalana suficiente, y casi el 30% dispone del certificado de lenguaje jurídico. Por eso, Justicia concluye que "el nivel de conocimiento del catalán entre los profesionales es suficiente para hacer efectivo el derecho al uso del catalán en todo el procedimiento y para que las actuaciones en catalán puedan ser muy superiores a las de la realidad actual". Y es que las sentencias redactadas en catalán han reculado hasta llegar solo al 6% del total.
Del total de 866 jueces, se detalla que un 18,4% tiene el nivel B2 (el básico) y un 5,4% el certificado del lenguaje judicial. Con todo, no se tiene información de un 56% de estos profesionales. En el caso de los fiscales (330), no se tiene información sobre sus conocimientos lingüísticos en un 73% del total, mientras se indica que un 3,3% tiene el certificado judicial y un 9,4%, el nivel básico (B2).
En este informe de Justícia, se asegura de que el derecho lingüístico de ser notificado en catalán se incumple en un 81,3% de los casos (376.627 demandas en los ámbitos civil, social y contencioso). Es decir, del total de demandantes que solicitan ser notificados en lengua catalana (desde autos a sentencias), a duras penas un 20% tiene garantizado este derecho.