El Govern ni contempla ni tiene sobre la mesa la decisión sobre la escolta del presidente en el exilio, Carles Puigdemont. En su condición de expresident de la Generalitat, Puigdemont tiene derecho a disponer de escolta de Mossos, pero depende del Ministerio del Interior autorizar la actuación de los agentes fuera del Estado español. Con el anterior gobierno, el conseller Joan Ignasi Elena, se dirigió al ministerio para esta cuestión, después de que desde la Oficina de Puigdemont se le hizo llegar una carta argumentando la "grave situación de inseguridad" en que se encuentra el político exiliado.

Por el contrario, la consellera de Interior, Núria Parlón, ha asegurado al programa Café de Ideas de RTVE que el Govern no está ni siquiera valorando este tema. "Esto ahora mismo no lo tenemos sobre la mesa. No lo contemplamos. En todo caso es un tema a valorar en un futuro, pero ahora mismo no lo contemplamos", ha explicado Parlón.

 

La consellera ha rechazado expresar su opinión sobre si Puigdemont tiene derecho o no a llevar escolta escudándose en que el Gobierno no lo ha valorado. "Si se tiene que tomar una decisión ya la tomaremos. Todo lo que diga ahora sería improvisado", ha argumentado.

Aumento de peligrosidad

En noviembre del 2023, el jefe de la oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, reclamó a través de una carta al conseller Elena que se asignara al presidente de manera inmediata y urgente la escolta que le corresponde en su condición 130.º president de la Generalitat, argumentando "el aumento del nivel de peligrosidad y riesgo para su persona" que habían detectado. En la misiva Alay recordaba que 22 meses atrás ya había planteado esta reclamación al director general de la policía, sin obtener respuesta.

Elena transmitió la petición al ministerio del Interior, de quien depende la actuación de los cuerpos policiales fuera del territorio español. Poco después de que PSOE y Junts llegaron a un pacto para la investidura de Pedro Sánchez, el Gobierno aseguró que tramitaría la petición y el ministerio de Fernando Grande Marlaska planteó una cuestión sobre este tema a la Abogacía del Estado. La supuesta falta de respuesta a esta consulta se acabó convirtiendo en el freno a la demanda.