El Govern pagará 90 euros por "daños morales" a cada uno de los afectados por el fiasco de las oposiciones del 29 de abril subcontratadas a la empresa Cegos. En un comunicado, el Govern ha informado de que Presidència inicia de oficio un expediente para declarar la "responsabilidad patrimonial" de la administración de la Generalitat y poder indemnizar a los aspirantes a las pruebas de oposición de estabilización, que ahora se tendrán que repetir los días 1 y 8 de julio. Según el Govern, se pagarán un máximo de 1,2 millones de euros, teniendo en cuenta que había 13.534 personas llamadas a participar en los exámenes. Los pagos se empezarán a hacer después del verano, una vez se resuelva el expediente.

El inicio del expediente de responsabilidad patrimonial se comunicará a las personas afectadas y se publicará mañana en el DOGC. Se abrirá entonces un periodo de 10 días hábiles para presentar alegaciones. Una vez analizadas las alegaciones, hará falta el informe de la Comissió Jurídica Assessora para resolver definitivamente el expediente. La Generalitat dejó sin efecto las pruebas del concurso oposición de estabilización y acordó volver a hacerlas después de constatar "irregularidades graves durante la realización de los ejercicios" consecuencia de la falta de cumplimiento de la empresa subcontratada para supervisarlas, Cegos.

Las consecuencias del caos en las oposiciones

El Govern decidió el pasado 2 de mayo destituir a la directora general de Función Pública, Marta Martorell por el caos en las oposiciones, donde los aspirantes denunciaron retrasos generalizado, carece de exámenes, violaciones de anonimato y varias incidencias que provocaron la cancelación de alguno de los procesos. Un total de 13.581 personas fueron convocadas en una macroconvocatoria simultánea gestionada por la empresa Cegos, subcontratada por el Ejecutivo, para gestionar estas pruebas para estabilizar al personal público.

La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, que es de quien depende la cartera de Funció Pública, compareció en el Parlament para dar explicaciones a petición propia. El Executiu también convocó a los sindicatos que forman parte del grupo de trabajo de estabilización en el marco de la mesa general de negociación de función pública -IAC-CATAC, CCOO y UGT- a una reunión de urgencia para analizar las incidencias recibidas.

Desde un primer momento la Generalitat señaló la empresa contratada para llevar a cabo las oposiciones. En declaraciones en la prensa, la secretaria de Administració i Funció Pública, Alícia Correa, se disculpó a los examinandos y abrió la puerta a repetir algunas de las pruebas. Correa explicó que es la primera vez que la Generalitat externaliza estas pruebas e indicó que habría que hacer "una valoración jurídica de las responsabilidades contractuales" por si la empresa, Cegos, había cometido "un incumplimiento muy grave y negligente de las cláusulas esenciales de esta contratación".