A treinta y tres días para el referéndum, el calendario apremia. El Parlament tiene las leyes de desconexión sobre la mesa pendientes de ser aprobadas y sólo dos plenos antes del 1 de octubre donde poder debatirlas.

La Ley del Referéndum, que le dará validez legal, tiene que estar aprobada necesariamente antes del 1 de octubre y Junts pel Sí también se ha comprometido a aprobar antes de esta fecha la Ley de Transitoriedad Jurídica, que ejercerá como "norma suprema del ordenamiento jurídico catalán" hasta que se apruebe la Constitución catalana. Una decisión fruto de las presiones de ERC y la CUP ante algunos sectores del PDeCAT que apostaban por aprobarla en caso de que ganara el 'sí' al referéndum. En cualquier caso, la gran incógnita es qué vía se utilizará para aprobar las leyes de desconexión y burlar las amenazas del Gobierno español, que está determinado a impedir que lleguen al pleno.

Iniciativa parlamentaria

Una de las vías para aprobar las leyes de desconexión sin romper con la legalidad española sería a través del artículo 81.3 del Reglamento del Parlament. "El orden del día del pleno puede ser alterado si este lo acuerda, a propuesta del presidente o a petición de dos grupos parlamentarios o de una quinta parte de los miembros del Parlamento, y también puede ser alterado cuando obliga el cumplimiento de una ley. Si se tiene que incluir un asunto, este tiene que haber cumplido los trámites reglamentarios que le permiten ser incluido, salvo un acuerdo explícito en sentido contrario, por mayoría absoluta". Llegado el día, Junts pel Sí y la CUP podrían, por ejemplo, pedir incluir la Ley del Referéndum en el orden del día del pleno y, por mayoría absoluta, obviar los trámites reglamentarios.

Para poder aplicar este artículo y debatir las leyes de desconexión al pleno, sin embargo, la Mesa del Parlament las tiene que admitir primero a trámite. Este martes ha aplazado, por tercera vez consecutiva, la tramitación de la Ley del Referéndum y la Ley de Transitoriedad, que Junts pel Sí y la CUP presentaron en el Parlamento este lunes. La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, mantiene que se trata de leyes complejas y recuerda que los miembros de la Mesa ya están siendo investigados por desobediencia y prevaricación.

Desde el PSC recuerdan que el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) establece que la tramitación de cualquier ley tiene que garantizar un periodo de enmiendas así como también un tiempo para que los grupos puedan pedir un dictamen al CGE. Sin embargo, las recomendaciones de este órgano no son vinculantes y un acuerdo "explícito" entre la mayoría de Junts pel Sí y la CUP permitiría aprobar las leyes en un solo pleno y sin enmiendas. "Con una lógica de quién quiere ejercer el derecho de autodeterminación y es consciente que la normativa actual opera como límite, evidentemente se puede utilizar el artículo 81.3 para aprobar las leyes de desconexión", defienden desde la CUP.

Decreto ley del Govern

Otra de las opciones sería aprobar las leyes de desconexión por decreto ley, un arma del Govern "en caso de una necesidad extraordinaria y urgente, para dictar disposiciones legislativas provisionales". El Ejecutivo de Carles Puigdemont no lo descarta aunque la CUP considera que tiene que ser el Parlament quien apruebe esta ley.

"Lo importante no es el cómo, sino lo que se está aprobando", ha asegurado este martes el portavoz del Govern, Jordi Turull, en la rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo. Desde la CUP consideran que esta vía sólo se tiene que tener en cuenta en caso de que haya una "medida represiva del Gobierno español contra los miembros de la Mesa" y consideran que, de no ser así, la Ley del Referéndum se tiene que aprobar en el Parlament en tanto que representante de la soberanía popular.

Antes de la Diada

La otra incógnita es cuándo se aprueben estas leyes. Antes del referéndum el Parlament sólo tiene convocados dos plenos: el de la semana que viene y el de los días 20 y 21 de septiembre. Contando con las necesidades que requiere cualquier proceso electoral, el Parlament tendría que aprobar la Ley del Referéndum en el pleno del 6 y 7 de septiembre. Este hecho marcaría un punto de inflexión y precipitaría el choque con el Estado pero permitiría al Govern firmar el decreto de convocatoria y poner en marcha la maquinaria para tenerlo todo listo el 1 de octubre.

De esta manera también se cumpliría con la exigencia de la CUP, que considera que las leyes de desconexión tendrían que aprobarse antes de la Diada y antes de la campaña a favor del 'sí' en el referéndum, que empezará el 15 de septiembre. "Hace falta dejar de lado la estrategia de las astucias y apostar por la transparencia y la autodeterminación ya que sólo quedan 33 días y es muy poco para acabar de planificar y ganar el referéndum", ha insistido la diputada anticapitalista Mireia Boya, que ha considerado el próximo pleno es el más adecuado para acabar "con el processisme".