El Govern ha dado luz verde a un programa para fomentar el uso del catalán en el turno de oficio de la justicia que otorgará 14 euros extras por cada actuación en catalán que hagan los abogados, como una demanda, una respuesta o un recurso. El Consell Executiu de este martes ha dado luz verde a la suscripción de un convenio entre la conselleria de Justícia y elConsell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya (CICAC) para llevar a cabo la iniciativa.

En un comunicado, el Govern ha advertido el "uso residual" del catalán a la justicia y ha explicado que durante el 2019 el 91,5% de las sentencias fueron escritas en castellano. "Estos datos constatan que el catalán está en una situación de emergencia en los juzgados de Catalunya, con un uso residual que no se corresponde con el uso social", ha indicado el Govern, que ha apuntado que el objetivo del programa es garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía en los procesos judiciales.

En este sentido, los letrados que se inscriban al programa presentarán los escritos en lengua catalana cuando el cliente lo desee y solicitarán al juzgado que la documentación se notifique en catalán. El CICAC, por su parte, difundirá el programa entre la abogacía de turno de oficio, facilitará que los profesionales se inscriban, hará el seguimiento de las actuaciones e informará el Departament.

El Govern ha considerado que los jueces que trabajan en Catalunya tendrían que tener la obligación de conocer el catalán y ha reclamado al Gobierno español central que sea un requisito para poder ejercer en toda la comunidad.

Posible renovación lingüística a las administraciones españolas

Por otra parte, el Gobierno ha aprobado este martes las pautas para impulsar las lenguas oficiales a la Administración General del Estado (AGE) y la creación de Unidades de Lenguas en los ministerios, con la designación de una persona responsable que sirva de interlocutor con la Oficina de Lenguas.

El secretario de Estado de Política Territorial, Francisco Hernández, ha destacado que las lenguas son riqueza y variedad y, "de ninguna manera", se tiene que ver su uso como una limitación o una dificultad para la ciudadanía, ya que son "un derecho del ciudadano y deber de la Administración garantizar este derecho".

Política Territorial ha hecho balance de la actividad de la Oficina de Lenguas, dependiente del Ministerio, en la reunión del Consejo de Lenguas Oficiales de l'AGE, órgano colegiado interministerial integrado por todos los departamentos ministeriales y al cual han asistido representantes de las comunidades con lenguas cooficiales de Catalunya, Navarra, el País Valencià y Galicia.

El principal objetivo del encuentro, según Hernández, es aprobar las conclusiones del Informe de Diagnóstico y alcanzar el consenso sobre las recomendaciones que derivan de esta, que asumidas conjuntamente, marcan la hoja de ruta para mejorar en los próximos tres años para cumplir los compromisos asumidos por España en la protección de las lenguas. El Consejo de Lenguas ha aprobado una serie de recomendaciones para impulsar y actualizar el uso de las lenguas oficiales a la Administración General del Estado.

Fotografía principal: Sala de juicio al atentado del 17-A. / Pool