"Decepcionante, recentralizadora y regresiva". Así ha definido la consellera de Drets Socials, Violant Cervera, la nueva ley de vivienda que ha aprobado este martes el Gobierno. "Invade competencias de la Generalitat y supone una clara invasión de la Ley 11/2020 aprobada en el Parlament de Catalunya y pactada con los movimientos sociales de la vivienda", ha señalado Cervera. Es por este motivo que el Govern recurrirá la norma en el Tribunal Constitucional "si no hay un cambio importante durante su tramitación".
"La ley de vivienda estatal es decepcionante, recentralizadora y regresiva con respecto a la normativa catalana y en la protección del derecho en la vivienda", ha insistido la consellera en una comparecencia celebrada expresamente para valorar la nueva norma. Así, ha criticado que el anteproyecto no afronta el problema de los desahucios ni la emergencia habitacional con mecanismos estructurales. "Una vez más se pone un parche ante el problema de los desahucios, con una nueva moratoria en lugar de optar por medidas de respuesta rápida y herramientas estructurales que ayuden a resolver el problema, como sí que hace Catalunya con programas como Realojamos o las prestaciones de urgencia", ha explicado.
Una ley que invade competencias
Cervera también ha señalado como la nueva ley tampoco incluye mecanismos de despliegue de la función social de la propiedad (viviendas vacías, cesiones, expropiación de uso) ni "se plantea ningún compromiso presupuestario para incrementar el gasto público en vivienda" y acercarla a los estándares europeos. "No hay nada importante sobre todo aquello que tiene que servir para reducir el impacto de la emergencia habitacional", ha añadido.
La consellera ha insistido sobre todo en el hecho de que la ley española invade competencias y genera inseguridad jurídica. De hecho, ha apuntado como la norma estatal regula sobre numerosos aspectos ya recogidos a la normativa catalana: definiciones y conceptos básicos, tipologías de vivienda de protección oficial (HPO), plazo de la duración de la calificación del HPO, regulación de las áreas tensas, los seguros para la compra de viviendas, derechos de consumidores para la compra y alquiler de viviendas o los recargos sobre pisos vacíos.
La norma genera inseguridad jurídica
Todo eso "genera inseguridad jurídica en torno a la coexistencia de la futura ley estatal y de las leyes catalanas vigentes desde hace años". En esta línea, Cervera ha citado como caso paradigmático que se establece un índice de referencia sin tener en cuenta que en Catalunya ya hay un indicador de solvencia contrastada. Asimismo, la normativa española prevé que se pueda subir un 10% el alquiler si se cumplen una serie de supuestos, como mejoras en el inmueble o la duración del contrato; en Catalunya, este incremento está sometido al índice de referencia de alquileres.
Finalmente, la consellera ha puntualizado que la ley española ignora las demandas de los sectores sociales. A la normativa catalana, en cambio, sí que se han atendido. Por este motivo ha concluido que la nueva norma "es regresiva con respecto a la protección del derecho en la vivienda de que nos hemos dotado a Catalunya con la participación y el consenso de los principales partidos y las organizaciones sociales".
Imagen principal: La consellera de Drets Socials, Violant Cervera / ACN