Silencio angustiante. Tres jóvenes que fueron heridos por la actuación de agentes de los Mossos d'Esquadra, durante las protestas contra la sentencia a los líderes independentistas catalanes, en el 2019, esperan una respuesta del Departament de Interior sobre la reclamación patrimonial que les han presentado. La entidad Irídia, que ha interpuesto las reclamaciones en su nombre, sostiene que ya han pasado los seis meses reglamentarios para que la Generalitat se pronuncie. Un caso es el de un chico, A.K., que perdió un ojo por el impacto de una bala foam en la plaza Urquinaona y la vía penal determinó que fue una lesión causada por un proyectil de Mossos, pero se cerró porque no se podía determinar el autor. En el segundo caso, Olga fue gravemente herida por un impacto de foam en el cráneo, cuando estaba en la protesta en los Jardinets de Gracia, y el tercero es el de Jordi, que al caer al suelo recibió golpe de bastón en la cabeza y el brazo por parte de un agente de la policía catalana. No son los únicos gravemente lesionados durante las protestas de los últimos años, que tienen que iniciar la vía administrativa, cuando se cierra, sin respuestas, la vía penal.
Sònia Olivella, coordinadora de litigio estratégico y memoria histórica de Irídia, reclama que "la administración tendría que actuar de oficio" e iniciar el proceso de indemnización, cuando una resolución penal indica que una persona ha sido lesionada por parte de un agente de los Mossos, pero que de la instrucción no se ha podido determinar el escopetero que disparó el proyectil o el agente que hizo un uso incorrecto del bastón policial. Por el contrario, lo que se encuentra el ciudadano -añade- "es un procedimiento administrativo muy enrevesado, donde no se depuran responsabilidades y se revictimiza a la persona", además del largo tiempo que pasa hasta recibe una respuesta, de un procedimiento que siempre ha de impulsar la persona afectada.
La oficina de atención a víctimas
Olivella manifiesta que estas disfunciones podrían evitarse con la oficina de atención a las víctimas de violencia institucional, la creación de la cual asegura que se acordó en la Comisión de Estudio sobre el Modelo Policial del Parlament. En esta comisión se descartó la supresión de las balas de foam, como pidió Irídia y Amnistía Internacional ante las graves lesiones que se han causado a manifestantes, y también se rechazó crear un organismo independiente de control de las actuaciones policiales.
Seis reclamaciones patrimoniales
Actualmente, Irídia ha interpuesto seis reclamaciones patrimoniales a la Generalitat, dos de ellas en el Departament de Justicia por dos muertes por suicidio de reclusos de la prisión Brians 1, en los años 2017 y 2018. Los dos estaban en régimen cerrado (DERT), un sistema de aislamiento que se utiliza cuando la persona está alterada y violenta, que es cuestionado por entidades de derechos humanos, y su uso ahora vuelve a ser estudiado por responsables del mismo departamento, que dirige Gemma Ubasart. El preocupante aumento de suicidios a los penales catalanes también ha provocado que los departamentos de Justicia y Salud ajusten el programa específico que ya tenían en marcha para evitar nuevos casos.
Con respecto al contexto de la protesta, el chico que perdió el ojo por impacto de un proyectil de foam en plaza Urquinaona en el 2019 reclama a la Generalitat unos 277.590 euros. El foam sustituyó las balas de goma, cuando el Parlament lo ordenó a raíz del caso Ester Quintana, que perdió el ojo izquierdo de un proyectil de los Mossos en la huelga del 2012.
Quintana también ha hecho campaña para que se retire el foam al comprobarse que causa lesiones graves y similares a las balas de goma. Desde los responsables policiales se indicó que el proyectil foam es más preciso porque no rebota como las balas de goma y porque se apunta directamente al objetivo (por ejemplo, una pierna para parar a una persona que lanza objecto), pero en las últimas protestas se ha comprobado que se dirigen a zonas vitales del cuerpo.
El archivo por no identificar al autor
En la multitudinaria protesta que Tsunami Democràtic dirigió hacia el aeropuerto del Prat, un joven universitario perdió un ojo por el impacto de un proyectil. Un juzgado investigó si era una bala de goma, usada por la policía española (uso que no lo tiene prohibido como los Mossos, aunque esté en Catalunya) o un proyectil de foam, ya que había unidades de los dos cuerpos actuando juntos. Finalmente, se determinó que era un proyectil de la policía catalana, pero la investigación penal se cerró porque no se puede identificar el autor del tiro, como pasa en la mayoría de casos.
En la protesta por el encarcelamiento de Pablo Hasél en Barcelona, una chica perdió el ojo por un proyectil policial y ahora hay dos escopeteros de los Mossos y sus superiores investigados. Sin embargo, también podría cerrarse si no se puede aclarar la autoría. En la vía administrativa, no hay que identificar al autor, y se aprueban las indemnizaciones si se confirma que ha sido por una actuación de la administración.
Jordi explicó su caso a la comisión del Parlament sobre el modelo policial, y recordó, todavía afectado y sorprendido, como un agente de los Mossos le pegó con un bastón, cuándo estaba en el suelo, al acabar una manifestación en el 2019. Irídia detalla que la vía penal determinó que "efectivamente uno de los 20 agentes que fueron investigados había causado la lesión mediante conducta que podría llegar a ser delictiva, pero se sobreseyó el caso por falta de autor concreto conocido". Por eso, se ha interpuesto una reclamación patrimonial valorando la cuantificación del daño en unos 9.457 euros.
El caso de Olga, a la comisión jurídica
Finalmente, está el caso de Olga, que recibió un impacto de foam que le causó una fractura craneoencefálica -requiriendo intervención quirúrgica de urgencia por riesgo a la vida y quedando secuelas permanentes graves-, y por ello reclama a la Generalitat unos 267.000 euros. Su caso no fue por la vía penal y prefirió la reclamación administrativa. En la tramitación, Irídia denunció que la policía catalana había puesto en duda que una bala de foam disparada por un escopetero de los Mossos sea la que le causó un traumatismo craneoencefálico y fractura de mandíbula, al acabar la protesta contra la sentencia del Tribunal Supremo a los líderes independentistas, el 18 de octubre de 2019. Olga requirió ingreso en la UCI, y actualmente tiene secuelas permanentes como pérdida de oído y un diagnóstico de epilepsia crónica.
El caso de Olga ya se ha elevado a la Comisión Jurídica Asesora, cuyo dictamen es preceptivo cuando la reclamación supera los 50.000 euros. Las resoluciones de la comisión son estrictas y considera que si la persona se ha puesto en una zona de peligro de forma voluntaria, aunque se constate una actuación desproporcionada de la administración, su indemnización puede ser reducida a la mitad. Así lo hizo en el 2021 con la aprobación de una indemnización por un herido por bala de goma en el 2012. En este caso, la comisión recriminó que el expediente había quedado parado 5 años en el Departament de Interior.