Violant Cervera, consellera de Drets Socials, ha reclamado este martes que el convenio bilateral para gestionar el bono de alquiler para jóvenes establezca una flexibilización en la prestación en función de las necesidades territoriales del país. En esta línea, Cervera ha subrayado que los 250 euros que contempla esta ayuda para las personas de entre 18 y 35 años destinados al pago del alquiler de la vivienda no son lo mismo para la ciudad de Barcelona que para un pueblo del Pallars Sobirà, justamente por la diferencia de precios entre los diferentes municipios catalanes.
La titular del Departament de Drets Socials ha expresado que desea que el convenio bilateral con el Gobierno no sea un "encargo de gestión" y que simplemente se utilice a la Generalitat como "gestoría". Cervera insiste en la necesidad de poder distribuir desde el Govern estas ayudas según criterios territoriales y necesidades de los jóvenes.
Sobre la aprobación de este bono, la consellera ha enfatizado que "cualquier ayuda es bienvenida". Al mismo tiempo, Violant Cervera ha afirmado que uno de los ejes de su hoja de ruta al frente del Departament es "luchar contra la despoblación". Con esta medida, la máxima responsable de Drets Socials dice que trabajará para "hacer compatibles todas estas ayudas con los grandes objetivos que tenemos como país".
El bono joven de ayuda al alquiler: ¿cómo funciona?
Este martes, el Consejo de Ministros ha dado luz verde al Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022-2025, dotada con 1.717 millones de euros. Esta estrategia también contempla el hecho de que el Ejecutivo ha sacado adelante el bono joven de ayuda al alquiler, consignado con otros 400 millones. La ayuda está destinada a jóvenes que tienen entre 18 y 35 años que cobren un salario inferior a tres veces el IPREM (24.318 euros) y constará de una cuantía de 250 euros mensuales para dos años destinados a pagar el alquiler de una vivienda. Paralelamente, el bono incluye ayudas de 300 euros, que pueden llegar hasta un máximo de 450, para poder sufragar el alquiler de una habitación.
La ministra de Transportes, Vivienda y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha detallado que convocará una conferencia sectorial para acordar los criterios de reparto de las ayudas con las comunidades autónomas. De esta manera, las ayudas quedarán aprobadas definitivamente en un mes y medio o dos.
Sobre el bono joven de alquiler, hay que puntualizar que el Gobierno estima que sólo tendrá unos 60.000 o 70.000 beneficiarios. Ahora bien, será compatible con otras ayudas. El plan estatal contempla que las comunidades tengan margen para conceder una ayuda adicional que llegue al 40% de la renta. Para poder recibir el bono joven de alquiler, la renta tiene que ser de un máximo de 600 euros. Si la comisión de seguimiento lo considera oportuno, podría llegar hasta los 900.
Drets Socials construirá 60 viviendas sociales en Mataró
La consellera de Drets Socials ha hecho estas declaraciones en el marco de la visita a unos terrenos en Mataró donde la Generalitat construirá cuatro promociones con un total de 60 viviendas destinadas a uso social y de alquiler asequible. En total, el Govern destinará 7,58 millones de euros para hacer estos edificios. Serán viviendas de dos y tres dormitorios.
El Institut Català del Sòl (INCASÒL) ha convocado el concurso para la redacción del proyecto y la dirección de las obras para hacer realidad estas promociones. Drets Socials prevé que el proyecto básico estará listo a principios del 2023. A partir de aquí, los pasos que se darán será la obtención de la licencia de obras y la licitación y adjudicación de las obras. Desde el Govern trabajan con la perspectiva de que las obras se pongan en marcha el primer trimestre de 2024 y que duren dos años.
Para Violant Cervera, este proyecto es una muestra "del cambio de modelo y la apuesta del Govern por el alquiler social". En concreto, ha afirmado que "tradicionalmente, la Generalitat había realizado promociones de protección oficial de compraventa de viviendas. Eso hace que el parque público de vivienda destinada a alquiler social sea sólo del 1,7% del total. Nosotros apostamos por un parque público de alquiler social asimilable a la media europea y llegar al 7% del total destinado a alquiler social". En esta línea, la consellera ha hecho un llamamiento a las administraciones para establecer una "colaboración" y, particularmente, ha enviado un mensaje a los ayuntamientos a fin de que "pongan a disposición de la Generalitat suelo público para dedicarlo a la construcción de viviendas" de uso social.