La consellera de Drets Socials, Violant Cervera, ha anunciado en una entrevista en Europa Press que el Govern prevé aprobar durante el otoño el anteproyecto de ley de la Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària. Este nuevo organismo, en el que trabajan conjuntamente la conselleria encabezada por Cervera y el Departament de Salut, podría entrar en vigor el próximo año, teniendo en cuenta que el debate sobre la ley en el Parlament podría producirse entre finales de 2022 y principios de 2023. La titular de Drets Socials defiende que la agencia implicará un "salto cualitativo en el sistema de atención a las personas" y que permitirá que se regule "la atención sanitaria en el entorno social, tanto en las residencias como en la atención a domicilio y la salud mental".
El impulso de este órgano llega porque, a veces, "existía una línea muy fina entre los departaments de Salut y Drets Socials" y, ahora, podrán trabajar conjuntamente en la regulación de la atención sanitaria en el entorno social. Ya en febrero se aprobó la memoria preliminar y el proyecto ha sido expuesto a consulta pública, pero ahora se trabaja en la redacción del anteproyecto. Violant Cervera sostiene que, desde el Govern, están "muy esperanzados" con la agencia, que integrará a personas mayores, con discapacidad, con problemas de salud mental y con necesidades complejas.
La compatibilidad de la Renta Garantizada de Ciudadanía y el Ingreso Mínimo Vital
Otra de las carpetas que ocupa al Departament de Drets Socials es si resulta factible que la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) y el Ingreso Mínimo Vital puedan coexistir. En esta cuestión, Violant Cervera ha manifestado que trabajan con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para ver cómo hacer posible que convivan estas dos prestaciones. Una de las vías puede ser un convenio de colaboración. En todo caso, Cervera ha recordado que la RGC es una prestación subsidiaria y un derecho subjetivo, de manera que la primera prestación es el IMV. De hecho, uno de los requisitos de los ciudadanos que solicitan la Renta Garantizada de Ciudadanía es que, a la documentación, adjunten "como mínimo" la solicitud de entrada al Ingreso Mínimo Vital.
Lo que también preocupa al Departament de Drets Socials es el repunte que pueda haber de pobreza energética debido al incremento del precio de los suministros. "Es evidente que esta subida afectará a las personas, especialmente a las vulnerables, y que todos los gobiernos estamos pensando qué repercusión tendrá eso en invierno", ha indicado Violant Cervera. La consellera ha informado de que su Departament trabaja con diferentes suministradoras para poder llegar a acuerdos como la condonación de deuda por pobreza energética a más de 35.000 familias, un pacto que se alcanzó con Endesa a principios de 2021.