El Departament de Justicia, Derechos y Memoria ha iniciado formalmente el trámite para conseguir que los funcionarios de prisiones obtengan la jubilación anticipada, según ha informado este martes. La conselleria ha entregado a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones la documentación necesaria para abrir un expediente, y que técnicamente se haga efectiva la petición, que llega casi un año después de que el Govern lo aprobara. Este es un trámite imprescindible para que se inicie el procedimiento, aparte de la negociación en el Congreso de los Diputados para que se incluya una partida presupuestaria en el proyecto de ley de Eficiencia Procesal, enmienda que presentó ERC. La jubilación anticipada es una reivindicación histórica de los funcionarios de prisiones de Catalunya, y con la marcha de Junts del Govern, el diciembre pasado, los representantes sindicales reclamaron a la nueva consellera que sacara adelante los acuerdos con el anterior titular para hacerlo realidad. El acuerdo es que los funcionarios de prisiones se puedan jubilar a 60 años, o a 59 años, si acreditan 35 años de servicio, como ya pueden hacer a los funcionarios de prisiones del resto del Estado español, y como el año pasado consiguieron los Mossos de Esquadra.
La consellera de Justicia, Derechos y Memoria, Gemma Ubasart, expresó la voluntad de cumplir este acuerdo a los representantes sindicales de prisiones, en reuniones separadas con los cinco sindicatos representados en los penales catalanes (UGT, CSIF, CCOO, IAC-CATAC y La INTERSINDICAL), en la sede del departamento, el 9 de enero pasado. En estos encuentros, también participaron el secretario de Medidas Penales, Reinserción y Atención a las Víctimas, Amand Calderó, y la directora de asuntos penitenciarios, Paula Montero, que son los que mantienen las reuniones con los sindicatos. Los representantes sindicales también se han reunido con los grupos parlamentarios, los cuales -indican- están de acuerdo con la jubilación anticipada de los funcionarios de prisiones. Precisan, sin embargo, que donde "podría haber pegas es en Madrid" porque algunos partidos estatales no estarían de acuerdo con esta medida. Los sindicatos alertan de que si este año no se consigue esta medida, se tendría que volver a empezar de cero.
Una siniestralidad del 7%
El Departament de Justicia admite que aunque en el 2020 el grupo de trabajo -formado por técnicos y sindicatos- presentó las conclusiones sobre la jubilación anticipada del colectivo, que ahora se incluye en el expediente, "hasta ahora no se había hecho ninguna gestión efectiva". El Departament de Justicia y las organizaciones sindicales firmaron el acuerdo de las jubilaciones anticipadas, en diciembre de 2021 y fue ratificado por el Govern en marzo de 2022. Y, ahora, casi un año después, se pone en marcha la tramitación efectiva.
Justicia detalla que en los próximos ocho años se podrían acoger a esta modalidad de jubilación en torno a 1.400 profesionales de Servicios Penitenciarios, que representan el 31% de la plantilla actual. Añade que la jubilación anticipada hará posible rejuvenecer una plantilla que tiene una edad media de 49,56 años, a consecuencia de diferentes factores, como la crisis económica y la contención del gasto.
Justicia también sostiene que esta renovación "permitirá mejorar el servicio y un ahorro en el gasto a largo plazo, porque reduce la siniestralidad, que ahora se sitúa en un 7%." Precisa que "también se reducirá el absentismo", que actualmente -afirma- "requiere incrementar el gasto en sustituciones y refuerzos para poder prestar los servicios y garantizar la seguridad de los centros penitenciarios". Los trabajadores que presentan un porcentaje más elevado de bajas por accidente laboral y enfermedad profesional son los que se sitúan en la franja que va de los 54 a los 63 años, y la duración media de las bajas en estos trabajadores supera los 55 días, según informa el Departament de Justicia.
En la foto principal, representantes sindicales de prisiones, con el secretario de Servicios Penitenciarios, y miembros del grupo de ERC, el 13 de enero pasado en el Parlament. / Foto: CATAC