El vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, y el conseller de Territori, Damià Calvet, han defendido este miércoles la liquidación del contrato de la concesión de la gestión del agua en Aigües Ter-Llobregat (ATLL) y han avisado de que el ejecutivo pedirá autorización judicial para recuperar las instalaciones si Acciona, empresa concesionaria, se niega. Según el gobierno, ATLL está haciendo un "uso abusivo del derecho" con su reclamación.

Así lo han defendido en una comparecencia en la comisión parlamentaria de Medio Ambiente y Sostenibilidad donde han informado también sobre los cálculos económicos del retorno de la concesión. La sesión llega después el Govern acordara el año pasado reanudar la gestión pública de ATLL. Tenía que hacerlo ya desde el 1 de enero de 2019, pero Acciona ha llevado el caso en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

En este sentido, Aragonès ha advertido que si la empresa concesionaria no entrega las instalaciones y el Govern no puede asumir el servicio de gestión del agua, "pedirá autorización judicial para recuperar" la gestión. Así, ha defendido que el ejecutivo "esperará a la resolución del procedimiento judicial antes de continuar con el desahucio administrativo" en ATLL, pero también ha remarcado que el ejecutivo pedirá autorización judicial si Acciona se niega a entregar la gestión. El 5 de febrero hay convocada una vista en el TSJC para resolver la petición de cautelares hecha por el concesionario.

"ATLL hace un uso abusivo del derecho"

Sobre la reclamación de Acciona, también ha hablado el conseller Calvet, que ha denunciado que ATLL está haciendo un "uso abusivo del derecho", ya que ha recordado que el Tribunal Supremo anuló en febrero de 2018 el contrato de externalización de 2012. Sin embargo, se ha mostrado convencido de que los tribunales les acabarán dando la razón y ha asegurado que el Govern está "determinado que la gestión del agua sea pública". En este sentido, ha defendido que la creación de la ATL pública ha estado "correcto" y que se están dando "todos los pasos que corresponden".

"Sabemos que no será un camino fácil. Sabemos que la sociedad concesionaria lo recurrirá todo a los tribunales pero el Govern seguirá respondiendo con rigor y seriedad para defender los intereses de las catalanas y los catalanes, con estricto cumplimiento de la ley," ha añadido.

En este sentido, Calvet se ha mostrado "satisfecho" de cómo se está llevando a cabo el proceso de liquidación del contrato y ha defendido que se hace con "mucha tranquilidad, prudencia y frialdad burocrática". "La gestión del agua vuelve a ser pública porque así lo ha decidido esta Cámara" ha defendido.

Críticas de la oposición

Los grupos de la oposición, por su parte han cuestionado, cada uno desde su óptica y con sus matices, como está gestionando el Govern este caso. Ciutadans ha defendido que ATLL se "malvendió" y se hizo "corriedo" para tapar un "agujero" económico del Govern en la época de la crisis y los recortes, y que ahora estamos "pagando" esta "chapuza". El PSC, en un sentido similar, ha defendido que el Govern ha hecho una "patada adelante" y ha criticado que nadie asume responsabilidades.

Por otra parte, los comunes y la CUP han sido muy críticos con la privatización del año 2012 y han criticado que se esté "justificando". En este sentido, los comunes han calificado la venta de ATLL de "vergüenza nacional" y de "chapucera" y han pedido al Govern ser "valientes" y no dejar que "una empresa privada os vacile en la cara". La CUP por su parte, lo ha tachado de la "mayor privatización que se ha hecho nunca en este país" y ha defendido que se han atacado los derechos de la ciudadanía.

Finalmente, el PP ha defendido que parte del problema de la externalización fue "la mala gestión de la sequía" en época del tripartito hecha por ICV y ha puesto en duda que la gestión pública sea la mejor solución.