El Govern ha presentado un recurso contra el auto del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que suspende cautelarmente el decreto de régimen lingüístico que blinda el catalán como lengua vehicular en la escuela. En concreto, es la norma que el Govern impulsó para evitar la imposición judicial del 25% de clases en castellano en las aulas. En el escrito, el Ejecutivo defiende que no hay motivos para dictar medidas cautelares porque el decreto no supone un daño real y efectivo al alumnado. El Ejecutivo aprobó el pasado 14 de mayo para fijar el catalán es la lengua "normalmente utilizada como vehicular".
El TSJC consideró que mantener la concepción de la lengua catalana como única lengua vehicular, "sin garantizar adecuadamente la enseñanza en castellano, se opone en principio a los parámetros interpretativos expuestos". El TSJC recordaba en su escrito varias sentencias concretas sobre la necesidad de garantizar el 25% de castellano en varias escuelas y ya avanza que este decreto "da cobertura a acciones educativas que puedan situar en una posición marginal la lengua castellana en la enseñanza, ya que únicamente se garantiza la posición prevalente y vehicular del catalán y, si es el caso, del aranés". De esta forma, añadía que "se intensifica el modelo único inmersivo de enseñanza gratuita para todos los alumnos".
Recurso del Govern
El recurso presentado por el Govern recuerda al TSJC que la adopción de medidas cautelares tiene que ser especialmente restrictiva para suspender disposiciones de carácter general, como la norma impugnada, que despliega normas plenamente vigentes como la Ley de Educación de Catalunya, el Decreto Ley 6/2022 o la Ley 8/2022. Y el Govern se muestra plenamente convencido de la legalidad del Decreto 91/2024. En este sentido, asegura que la suspensión cautelar no supone ningún problema con respecto a la revisión de los proyectos lingüísticos de los centros. Así pues, según apuntan, se trata, de un procedimiento recogido en el Decreto Ley 6/2022 y que el Departamento de Educación seguirá llevando a cabo, tal como queda reflejado en los documentos de gestión de centro que contienen las instrucciones pedagógicas de inicio del curso 2024-2025. Por último, también muestran su rechazo contra la suspensión cautelar del decreto entero cuando, en todo caso, considera que las medidas cautelares se hubieran podido limitar a los artículos donde el tribunal apreciara vulneraciones de derechos.
En paralelo, Plataforma per la Llengua ha anunciado que también recurrirá la suspensión del TSJC y ha emprendido nuevas acciones legales por irregularidades en el caso. La entidad hará públicos todos los detalles del recurso esta tarde, a las 17:00 horas, en la sede de la entidad en Barcelona, que contará con la presencia del presidente, Òscar Escuder, y el abogado, exjuez y asesor jurídico de Plataforma per la Llengua, Ramon Llena.