El Govern recurrirá la ley española de vivienda al Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) y al Tribunal Constitucional (TC) "si no se modifica en su trámite parlamentario". Lo ha anunciado la consellera de Drets Socials, Violant Cervera, en la sesión de control al Govern de este miércoles, donde ha denunciado que la ley vulnera las competencias de Catalunya en esta materia.

Cervera ha lamentado que la futura ley de vivienda "afecta normas troncales de vivienda de Catalunya", aprobadas en el 2017 y en el 2015. La consellera también ha criticado que esta futura ley "ataca el consenso del Parlament", ya que, según ha recordado, las leyes de vivienda catalanas se aprobaron con amplio consenso de la Cambra y del tejido social.

Cervera ha señalado que el proyecto de la Ley de vivienda "no contempla ninguna medida para hacer frente al problema habitacional", mencionando los desahucios, y considera que no prevé medidas estructurales ni sobre alquiler social obligatorio. En este sentido, Cervera ha lamentado que la ley está "muy mal financiada".

De esta manera, la consellera de Drets Socials ha reprochado que esta futura ley cambia la norma de contención de rentas y que es "una mala norma" si el Congreso la tira adelante tal y como lo ha aprobado el Consejo de Ministros.

Una ley que costó una crisis

Así pues, Cervera ya ha alertado sobre el posicionamiento del Govern respecto de esta ley que provocó una fuerte crisis el seno del Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos.

Los partidos independentistas ya alertaron de que la ley española es más tibia que el texto aprobado por el Parlament porque solo obliga a los grandes propietarios a rebajar los precios del alquiler. Mientras tanto, la ley catalana también prohíbe subidas en nuevos contratos de cinco y siete años. Además, la ley española deja abierta la puerta a su no aplicación, como ha amenazado Madrid, porque las competencias están transferidas a las comunidades autónomas.

Así pues, la ley española plantea incógnitas sobre cómo incidirá en la normativa por Catalunya, que todavía es vigente porque aunque fue recurrida por el Gobierno, este no pidió su suspensión cautelar.

Y es que había una pugna entre los mecanismos que proponían los dos partidos a la hora de afrontar la regulación de los precios del alquiler en las zonas "tensionadas". Los socialistas apostaban por las bonificaciones fiscales mientras que los morados defendían el establecimiento de topes máximos. Finalmente, el proyecto de ley contempla un equilibrio entre ambas medidas.

 

Imagen principal: la consellera de Drets Socials, Violant Cervera, en la sesión de control al Govern de este miércoles / Foto: Sergi Alcàzar