El Govern de la Generalitat recurrirá ante el Tribunal Constitucional el decreto digital impulsado por Pedro Sánchez para frenar la "república digital" catalana, según ha podido saber El Nacional. El conseller de Políticas Digitales, Jordi Puigneró, tiene previsto informar hoy al Consell Executiu aunque el recurso no se llevará al Gobierno hasta la próxima semana.

La iniciativa se formalizará después de que el Consell de Garanties Estatutàrias concluyó en su preceptivo informe, publicado el pasado 30 de diciembre, que el decreto invade competencias de la Generalitat y vulnera el Estatuto y la Constitución Entre otras razones, el Consell argumenta que el texto "no cumple las exigencias de calidad normativa que tendría que observar una ley susceptible de producir injerencias en el ejercicio de derechos fundamentales y las libertades públicas".

Los reproches del Consell no se limitan al fondo sino también a la forma del decreto. Concluye que seis de los siete artículos del texto no justifican las "razones de extraordinaria y urgente necesidad" que impone la Constitución para aprobar disposiciones legislativas a través de decreto ley.

Asimismo, concluye que el artículo 3 del decreto es contrario al principio de libre circulación de datos previsto por el reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la protección de de las personas físicas, en cuanto al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estas.

El decreto fue aprobado por el gobierno de Pedro Sánchez el 31 de octubre para frenar el proyecto de "República Digital" de la Generalitat. Se publicó el 5 de noviembre en el BOE y habilita al ejecutivo español a cerrar páginas web y redes sociales en caso de "desórdenes públicos". Hasta aquel momentos, las facultades de la Moncloa para suspender servicios electrónicos se limitaban a razones de seguridad públicos. El texto modifica hasta seis leyes, especialmente la Ley General de Telecomunicaciones, y un decreto ley.

En medio de fuertes críticas, el decreto se aprobó en la diputación permanente del Congreso con la abstención de Podemos.

El conseller de Políticas Digitales tildó el decreto de "155 digital" y reprochó al Gobierno español que se trataba de una iniciativa "inaceptable e inadmisible". Puigneró ya anunció el 3 de enero que si no prosperaban otras vías, a través de una negociación con el Estado para corregir el texto, el Govern recurriría al TC.