El Govern evita un batacazo en el Parlament ligando el apoyo de todos los partidos de izquierdas (también la CUP, que se suma al bloque de investidura con ERC y los comunes) a su decreto de vivienda, que será tramitado como un proyecto de ley, tal como pedían especialmente los republicanos. Estos tres partidos se ha reunido la consellera de Habitatge, Sílvia Paneque, para llegar a un acuerdo de última hora antes de la votación que se producirá este miércoles en el Parlament de Catalunya. Uno de los elementos que reclamaban los tres partidos al Ejecutivo era regular los alquileres de temporada y así queda recogido en el decreto: "Se considera arrendamiento de vivienda permanente el destinado a la satisfacción de la necesidad de vivienda, con independencia de su duración. No tendrán esta consideración las viviendas destinadas a la satisfacción de usos recreativos, turismo o por temporada de vacaciones, sea esta de verano o cualquier otra, que en todo caso se tiene que hacer constar en el contrato".
Es decir, que una vivienda, por ejemplo, destinada a estudiantes, no será un alquiler de temporada, aunque solo dure un curso escolar, y por lo tanto estará sujeto a la LAU, la ley de arrendamientos urbanos y los alquileres quedan tipificados según la finalidad y no la duración. En cualquier buscador de pisos de alquiler, buena parte de los que se ofrecen son "alquileres de temporada", ya que hasta ahora había un vacío legal que les permitía saltarse la LAU. Otro de los acuerdos es incorporar la definición de “contrato de fraude” a la ley de vivienda 18/2007 con las siguientes palabras: “Cualquier acuerdo prácticas engañosas que vulneren los derechos de los consumidores o que desvirtúe el equilibrio contractual en materia de vivienda en los términos contenidos en el derecho aplicable”. El objetivo es que el decreto quede definitivamente aprobado antes de que comience el verano. Mañana miércoles, se debatirá la proposición de ley de la vivienda que registró Junts y a la que ERC, el PPC, los comunes y la CUP han presentado una enmienda a la totalidad.
Protección oficial e inspectores
Uno de los escollos que se habían encontrado la CUP y los comunes en las negociaciones con la conselleria de Habitatge (ambos partidos han agradecido a la consellera Paneque la buena disposición en las conversaciones) era el hecho de blindar las viviendas de protección oficial, para evitar que miles de pisos perdieran esta condición en los próximos años. Ahora, el decreto recoge una prórroga de las viviendas de protección oficiales ubicadas en zonas tensionadas. Esta y otras medidas acordadas se incorporarán vía enmiendas cuando el decreto se tramite como proyecto de ley una vez aprobado mañana miércoles en la cámara catalana.
Otro de los elementos que reclamaban los partidos al Govern era reforzar el cuerpo de inspectores para aplicar, por ejemplo, el régimen sancionador que se aprobó en el Parlament en aquellos casos que se salten la ley de vivienda. De esta forma según el acuerdo, los inspectores de vivienda estarán vinculados a la futura Comissió de Supervisió de Contractes d’Arrendament d’Habitatge, con la participación de la Agència de Consum y la Agència d’Habitatge. Tendrán competencias "para verificar el cumplimiento contractual, realizar inspecciones periódicas y puntuales, documentales y presenciales, detectar fraudes o cláusulas abusivas y elaborar informes proponiendo medidas correctoras o sancionadoras".
Desde Junts per Catalunya tenían la intención de negociar los alquileres de temporada a través de su proyecto de ley que se vota este miércoles por la tarde y que previsiblemente no saldrá adelante por las enmiendas a la totalidad de ERC y Comuns. De hecho, los juntaires también pretendían que se regulara el alquiler de habitaciones y proponían, a falta de las enmiendas que habrían presentado los otros partidos, un registro de alquiler de temporada y de habitaciones para facilitar el trabajo a los inspectores. "Si quieres sancionar e inspeccionar hay que tener un registro", defienden fuentes de Junts per Catalunya, que creen que los estudiantes sí que tienen que poder acceder a un alquiler de temporada.
En cuanto al alquiler de habitaciones, los juntaires también establecen un mínimo de servicios, que en una misma habitación no puedan vivir un número determinado de personas y, en el caso de los grandes tenedores, había una limitación de los precios con una renta máxima marcada por el índice catalán. Finalmente, también especificaban la figura del gran tenedor. Desde Junts per Catalunya, por eso, siempre se ha defendido que la solución a la problemática de la vivienda es incentivar e incrementar la oferta, contra el criterio de partidos como ERC y Comuns de impulsar un “exceso” de regulación y burocratización.
ERC lamenta que se ha "perdido un año"
Los tres partidos que han pactado con el Goven del PSC estas modificaciones del decreto ley han celebrado lo que consideran que es un paso adelante en la defensa del derecho a la vivienda. Laure Vega, de la CUP, ha destacado, como ha ido haciendo en las últimas horas, que éste es el único punto que ha negociado su partido con el Ejecutivo ya que se trata de una emergencia, y desde los comunes, David Cid y Susana Segovia han celebrado que se incorporan sus grandes exigencias, como son un calendario y también proteger. Desde ERC, la ex consellera de Territori, Ester Capella, ha lamentado que se haya perdido un año, considerando que el decreto que aprobó ya prácticamente en campaña electoral el GovernAragonés (con el apoyo de CUP y comuns) pero que el PSC con su abstención y Junts con su voto en contra, hicieron caer en el Parlament.