Vieja reivindicación sobre la mesa. La consellera de Justicia, Derechos y Memoria, Gemma Ubasart, ha adelantado que la Generalitat impulsará una enmienda para "blindar y reforzar" la figura de los jueces de paz en Catalunya en el proyecto de ley de eficiencia organizativa de la justicia -que prevé la creación de tribunales de instancia en sustitución de los juzgados unipersonales, las oficinas judiciales y las oficinas de justicia en los municipios en sustitución de los jueces de paz-, que ha aprobado el Consejo de Ministros, este martes. El Gobierno ya incluyó la supresión de los jueces de paz en la legislatura pasada, aunque la tramitación de la ley quedó detenida por el adelanto de las elecciones, el julio pasado. Desde el Govern, grupos catalanes y la Asociación catalana en Pro de la Justicia (ACPJ), que aglutina a los jueces de paz, hicieron una intensa campaña por mantener esta figura arraigada en el país. Un total de 898 municipios catalanes, del total de 947 tienen juez de paz, y el resto tienen juzgado de instrucción y primera instancia.
En un comunicado, de este martes por la tarde, el Departament de Justicia detalla que la consellera Ubasart ya trasladó al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, la voluntad de blindar y ampliar las competencias del juez de paz en una reunión que mantuvieron el 29 de febrero pasado en la Moncloa. Se añade que Ubasart encontró al ministro "receptivo" y que se emplazaron a trabajar un texto durante el trámite parlamentario de la ley.
Arraigada al país
En este sentido, el Govern ha precisado que quiere introducir unas enmiendas en el cuerpo del texto y una disposición adicional al articulado para que se puedan mantener los juzgados de paz en aquellos territorios que por razón de su singularidad tengan asumidas las competencias en justicia de paz en sus estatutos de autonomía, como sería el caso de Catalunya y también de Andalucía. Ubasart ha defendido que los jueces y juezas de paz son “una institución que funciona y que está muy arraigada en el país”, y ha destacado la tarea que desarrollan. “La apuesta por una justicia de proximidad, por la agilidad del servicio y por la gestión adecuada de conflictos pasa por el mantenimiento y el refuerzo de la justicia de paz”, ha manifestado la consellera.
Más competencias
El Departament de Justicia explica que “ha estado trabajando en un nuevo modelo de Justicia de Paz que pretende transformar el actual servicio público para garantizar una mayor eficiencia, agilidad, descongestión de la primera instancia judicial”. Precisa que la propuesta del Govern es que “el juez o jueza de paz sea el jefe de las nuevas oficinas municipales de justicia, introduciendo mejoras en el sistema y los requisitos de acceso y ampliando las competencias”.
Actualmente, detalla que los juzgados de paz ya tienen funciones reconocidas en materia de conciliación previa en el ámbito de la jurisdicción voluntaria, en la oficina colaboradora del registro civil y en la prestación de auxilio judicial. La propuesta del Govern -se insiste- va en la línea de ampliar las funciones jurisdiccionales y de facilitación de la gestión adecuada de conflictos.
Concretamente, la Generalitat quiere que "la justicia de paz sea la puerta de entrada a las experiencias de conciliación y de resolución alternativa de conflictos (ADRs) a nivel local. Así pues, los jueces y juezas de paz harían una función de criba de los asuntos que pueden ser derivados a ADR, fomentando su uso. En esta línea, el Govern propone que asuman funciones de conciliación en asuntos civiles de cuantía inferior a 15.000 euros. También quieren que los jueces o juezas de paz puedan asumir controversias en materia civil de cuantía de hasta 500 euros, ahora el límite son 90 euros.