El Govern rechaza de lleno la propuesta de Junts per Catalunya de otorgar incentivos fiscales a las empresas catalanas que trasladaron su sede social tras el 1-O y que ahora quieran volver, además de sancionar a aquellas que no lo hagan. Para el ejecutivo, plantear esta medida supone un "agravio" para las empresas que decidieron quedarse. Además, la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha señalado que "la gran mayoría" no trasladaron sus sedes sociales y, por lo tanto, supondría una "penalización" para ellos. Por todo ello, Plaja ha instado los juntaires a "no hacer demasiadas gesticulaciones" por los decretos del Gobierno —la formación de Jordi Turull y Laura Borràs ha anunciado su voto en contra, hecho que compromete la mayoría que necesita Sánchez para sacarlos adelante—, ya que son "necesarios" para Catalunya.
El ejecutivo defiende aprobar estas medidas del ejecutivo central porque incluyen, entre otros, el traspaso del Ingreso Mínimo Vital para Catalunya. En paralelo, Patrícia Plaja ha explicado que los servicios jurídicos del Govern "han examinado minuciosamente y con detenimiento" los decretos y descartan que haya "invasión competencial", como denuncia Junts per Catalunya. De hecho, los juntaires también han alertado de uno de los puntos de los decretos, que modifica la ley de enjuiciamiento civil: se trata del artículo 43 bis que, en opinión de esta formación, podría torpedear la aplicación de la ley de amnistía. Este es un aspecto que desde el ejecutivo niegan y tienen claro que, a pesar de todo, la amnistía "será una realidad este 2024". Plaja ha añadido sobre la posibilidad de que se suspendiera la aplicación de la amnistía si se elevan cuestiones prejudiciales al TJUE que "no supone nada diferente de lo que se ha ido haciendo" y que la ley cuenta con una "seguridad jurídica importante".
El Govern alerta de que la entrada de la emergencia por sequía se producirá "muy probablemente" este enero
Sobre la sequía, Patrícia Plaja ha recalcado que se trata de la "más grave, por duración, intensidad y alcance de la población" desde 1915. La portavoz del Govern ha indicado que Catalunya vive una "situación crítica" y ha insistido en el mensaje del conseller de Acció Climàtica: "Si no se cumplen las previsiones más optimistas, entraremos en fase de emergencia, y muy probablemente será este mes de enero cuando el nivel de los embalses baje del 16%".
Por otra parte, la consellera de Territori, Ester Capella, se reunirá esta semana con dos ministros del Gobierno. Este miércoles, a las 17:30 horas, se encontrará con el titular del Ministerio de Transportes y Movilidad, Óscar Puente. Entre las carpetas que se abordarán, está "el avance" del traspaso de Rodalies y diversas encomiendas de gestión, la B-40 o la puesta en marcha de una comisión para hablar de la "modernización" del aeropuerto del Prat. El jueves, a las 10 de la mañana, Capella se reunirá con Isabel Rodríguez, responsable de Vivienda y Agenda Urbana. En el encuentro, la consellera le quiere trasladar que el Ministerio publique la declaración de áreas tensionadas y el índice de referencia de vivienda catalana.
Luz verde al proyecto de ley de la Agencia de Atención Integrada Social y Sanitaria
La portavoz, Patrícia Plaja, ha comparecido conjuntamente con los consellers de Salut y Drets Socials, Manel Balcells y Carles Campuzano. Ambos han anunciado que este martes se ha aprobado el proyecto de ley de la Agencia de Atención Integrada Social y Sanitaria, una medida que hace años que se trabaja. A grandes rasgos, se crea para coordinar los departamentos y actores que intervienen en esta atención integrada y que gestione los recursos. Según han explicado los consellers, la prioridad de la misma será "el cuidado y la atención de las personas en el entorno domiciliario y comunitario" para que "puedan desarrollar, durante el máximo de tiempo posible, su proyecto de vida en casa". Ahora, tendrá que pasar por el Parlament para que pueda ser aprobada de manera definitiva. Campuzano se ha mostrado confiado en que la ley reunirá "el máximo consenso posible".