Diez días han dado a los expertos todo el tiempo del mundo para estudiar la propuesta para reformar el Código Penal. Anunciada por Pedro Sánchez y reivindicada por Pere Aragonès, así como la mayoría del PSOE, Unidas Podemos y ERC, la iniciativa, que pasará pronto por el Congreso de los Diputados, tiene que permitir derogar la sedición de la legislación española, un paso largamente reclamado por el independentismo y por los sectores progresistas del Estado. Pero el cambio no se queda aquí, sino que también comporta un endurecimiento considerable del delito de desórdenes públicos.
Este es el punto que provoca más preocupación entre los expertos. Dos abogados por los derechos humanos explican a ElNacional.cat que, con la modificación, se abre la puerta a "criminalizar" todavía más el derecho a protesta, una perspectiva que consideran "peligrosa". El apartado de los desórdenes públicos, que ya fue retocado en 2015 por el Partido Popular con la intención de hacer más fácil la persecución de activistas y manifestantes, es precisamente uno de los que más se ha utilizado contra los detenidos a raíz de las protestas del procés independentista estos últimos años.
Adiós a la sedición: un paso adelante
Donde coinciden ambas voces es en el paso adelante que supone haberse deshecho de la sedición, un delito que fecha de 1822, cuando quería evitar "levantamientos ilegales y tumultuarios" en una época en que las revueltas estaban más en el orden del día que hoy, si bien se empleó contra algunos líderes del referéndum del 1 de octubre. "La derogación de la sedición solo puede ser descrita como un adelanto y una modernización del Código Penal", señala Àlex Solà, abogado miembro de la Asociación Catalana para la Defensa de los Derechos Humanos. Andrés García, codirector del centro Irídia, añade que era "absolutamente imprescindible" eliminarla, y celebra la "buena noticia".
La intimidación y la pena mínima: un paso atrás
Pero hay algunos retoques de los desórdenes públicos que no gustan. Uno de los cambios que más críticas ha suscitado, no solo de los expertos sino también de partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil, algunas del mundo independentista. Si el nuevo texto se aprueba sin cambios, se castigarán aquellas personas que "ejecuten actos de violencia o intimidación". Es este último concepto el que más preocupa, puesto que se ha utilizado poco en casos de orden público y no queda claro qué interpretación se hará a partir de ahora. "Técnicamente, no tendría que ser un error", reconoce Àlex. "Pero hemos forzado las costuras del sistema y se han desnaturalizado mucho las instituciones jurídicas". Así, el concepto de la intimidación, como también el de la violencia, se ha ido "abriendo" e incorporando nuevas acepciones en el mundo judicial. Una tendencia que nace con las protestas del 15-M, con el Aturem el Parlament, y empleados posteriormente durante el procés, con la doctrina de la violencia ambiental de Manuel Marchena.
A la vez, el Código Penal ha recogido un aumento de la condena mínima por los delitos públicos agraviados. Si antes la horquilla se situaba entre uno y seis años, ahora pasa a ser de entre tres y cinco. La Generalitat ha celebrado la rebaja de la franja superior, pero los abogados señalan el incremento de la inferior. "El cambio aumenta la posibilidad de entrar a prisión, con lo cual veríamos penas muy desproporcionadas", alerta Andrés. Esto es porque, si las penas imputadas no superan los dos años, los jueces pueden acordar la suspensión de la condena entre rejas. El incremento hasta los tres años mínimos haría que esto fuera imposible.
"Una manifestación no es una procesión"
Hay otros elementos perjudiciales, como por ejemplo el hecho de que la normativa apunte explícitamente contra "obstaculizar las vías públicas" o la "invasión de instalaciones o edificios", acciones que habitualmente ocurren en el mundo del activismo. Andrés recuerda que el Sindicat de Llogateres ha sido enviado a juicio por ocupar pacíficamente una sede y exigir negociaciones con la propietaria de un bloque de pisos de Barcelona. Una acción que evidencia que la Justicia hace una interpretación "poco garantista con el derecho a la protesta" y que, por lo tanto, amenaza con estrangular esta libertad.
"Debemos recordar que una manifestación no es una procesión de Semana Santa. Sirve para expresar una queja", mantiene Àlex, advirtiendo de que se tiene que ser más permisivo con las acciones de los activistas y enmarcarlas dentro del derecho a protesta de que disfruta la sociedad. Pero no se está actuando así. "Actualmente, se está condenando por desórdenes públicos a la gente que tira una lata de cerveza vacía a una línea policial muy protegida sin causar ningún daño", denuncia.
Enmiendas, la única solución a la actuación de la Justicia
La preocupación no sería la misma si la Justicia española no actuara como lo hace. "Si tuviéramos unos órganos judiciales que fueran ultrarespectuosos con los derechos sociales, nos preocuparía poco, pero no tienen un concepto avanzar del ejercicio de derechos fundamentales", lamenta el abogado de la Asociación Catalana para la Defensa de los Derechos Humanos. Y no es una persecución reciente, sino que afecta el mundo del activismo desde hace años. "Venimos de una época muy oscura", alerta. Andrés recuerda la existencia, aún ahora, de la Ley Mordaza, a pesar de la promesa de Pedro Sánchez de derogarla. Lo cierto, dice el miembro de Irídia, es que se ha "criminalizado" el derecho a protesta "de manera continuada". Su compañero de profesión comparte esta opinión, acusando también al Estado de "rearmarse" contra la disidencia.
La solución, según ambos abogados, no es ninguna otra que impedir la tramitación del nuevo Código Penal tal como se está planteando hoy. La voluntad es eliminar los cambios que han sufrido los desórdenes públicos, o como mínimo acotar algunas expresiones para evitar que los jueces las distorsionen. Un ejemplo: cambiar las peticiones de prisión contra aquellas personas que actúan con "finalidad de atentar contra la paz pública" por aquellos que lo hacen con "finalidad de atentar gravemente contra la paz pública". "Esperamos que el ruido que se ha generado sirva porque se limite", pide Àlex. Andrés confía ir más allá y ver "enmiendas" que sirvan para hacer caer las alteraciones negativas. Pero los partidos implicados en la reforma del Código Penal ya han rebajado las expectativas y admiten que no contemplan muchos cambios antes de su tramitación en este aspecto. Los deseos de los juristas podrían quedarse en esto: deseos.