El caso del periodista Pablo González, detenido en Przemyśl (Polonia) desde hace cinco meses acusado de ser un espía ruso, será tratado por el Grupo de Detenciones Arbitrarias de la ONU -la primera institución de primer nivel que se pronunció para denunciar la situación de los presos políticos independentistas-, una vez su mujer, Ohaina Goiriena, ha solicitado a este grupo que estudie la detención de González, intervenga en el caso y pida explicaciones a Polonia, país donde el periodista está detenido desde el pasado 28 de febrero, justo pocos días después del inicio de la invasión rusa de Ucrania, acusado de espiar a favor de los rusos.
La solicitud ha sido redactada por Gonzalo Boye, letrado de Pablo González, que argumenta que el periodista no sólo tiene doble nacionalidad -española y rusa- sino también dos identidades, una rusa y una española, las dos "legales, conocidas y que responden a una realidad familiar y jurídica legalmente permitida por los ordenamientos de los dos países". Asimismo, considera que el periodista fue detenido de forma arbitraria, ya que la manera como se le privó de libertad se ajusta a cuatro de las categorías establecidas por las Naciones Unidas para decretarla así, como que no se puede invocar ninguna base legal que justifique" la detención, haya "inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial" o cuando "la privación de la libertad constituye una violación del derecho internacional por motivos de discriminación basada en el nacimiento, el origen nacional, étnico o social, el idioma, la religión, la condición económica, la opinión política o de otra índole".
El mismo escrito, al que ha tenido acceso elNacional.cat, precisa que la detención de Pablo González "fue acordada -presuntamente- por los servicios de inteligencia de Polonia en connivencia con la fiscalía de aquel país" y que según la información de los medios de comunicación, "fue ratificada por alguna autoridad judicial desconociéndose las bases legales de la misma".
Esta petición llega precisamente en el mismo momento que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha pronunciado sobre el caso desde Polonia, en el marco de la cumbre bilateral que se ha celebrado en Varsovia. El presidente español ha explicado que el cónsul "lo ha encontrado bien" cuando lo ha visitado, pero que el proceso jurídico "está en manos de los tribunales polacos", para añadir que "el gobierno de España, lógicamente, lo que hace es respetar el estado de derecho de Polonia [...] de la misma manera que siempre pedimos respetar la justicia española".